Crimen de Aralí Vivas: Senaf y Justicia bajo la lupa tras polémica revinculación familiar

El brutal asesinato de Aralí Vivas, una niña de ocho años de la ciudad de Brinkmann, en Córdoba, ha causado indignación y fuertes cuestionamientos hacia las instituciones que tenían la responsabilidad de protegerla. La pequeña fue víctima de abusos y asesinada en un caso que expuso falencias en el sistema de protección infantil de la provincia. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y la Justicia ahora están en el centro de la polémica por haber autorizado la revinculación de los hermanos de Aralí con su madre y padrastro, a pesar de los antecedentes de adicciones y maltrato.

Las declaraciones de Julia Reartes, titular de la Senaf

Julia Reartes, titular de la Senaf, respondió a las críticas sobre el accionar de su organismo en el caso, destacando que la Senaf “no trabaja sola, sino en articulación con la Justicia”. En declaraciones a Cadena 3, Reartes subrayó la corresponsabilidad en las decisiones tomadas por el organismo, que deben contar con la aprobación judicial. “La Justicia lee los informes y dictámenes que producen los equipos técnicos de Senaf; el juez o la jueza tiene posibilidades de analizarlos con los equipos técnicos de la Justicia; también el asesor tiene la obligación de entrevistar a los niños”, explicó Reartes.

La funcionaria evitó hacer comentarios específicos sobre el crimen de Aralí, aludiendo a la investigación penal en curso, a cargo del fiscal Oscar Gieco. Sin embargo, confirmó que se han iniciado investigaciones internas para determinar si el accionar de la Senaf fue adecuado en este caso.

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La polémica decisión de revinculación con la madre y el padrastro

La revinculación de los hermanos de Aralí con su madre, Rocío Milagros Rauch, y su pareja, Matías Ezequiel Simeone, ocurrió en agosto de este año, tras considerar que la madre había superado problemas previos de consumo de drogas. Según el fiscal Gieco, el proceso de revinculación se autorizó luego de que la Senaf informara al juzgado que los padres “estaban aptos” tras someterse a tratamientos. No obstante, vecinos de la familia denunciaron la persistencia de un entorno problemático, donde los menores sufrían maltratos y vivían en condiciones inadecuadas.

El caso se agravó cuando, tras el crimen de Aralí, se detuvo a Simeone y a Cristian Hernán Varela como presuntos coautores del homicidio, y a Rauch por omisión de cuidados. La tragedia de Aralí revela, así, la desconexión entre el sistema de protección infantil y las realidades de violencia en las que muchos menores deben sobrevivir.

Falencias estructurales en la Senaf: solo 47% del personal está capacitado

Las deficiencias en la Senaf no se limitan a este caso. La exlegisladora María Rosa Marcone (Encuentro Vecinal) cuestionó la falta de capacitación del personal del organismo, afirmando que solo tres de cada diez empleados cuentan con formación específica en la atención a la infancia. Reartes admitió que, tras un relevamiento reciente, se constató que solo el 47% del personal tiene preparación en políticas de niñez, lo que pone en evidencia una falla estructural en el sistema de protección infantil en Córdoba.

Esta situación es preocupante y demanda una revisión profunda de las políticas y recursos destinados a la Senaf, especialmente en casos que involucran a menores en situación de vulnerabilidad. Reartes destacó que trabajan para fortalecer los recursos humanos del organismo, aunque sin desestimar el complejo contexto en el que actúan.

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Investigaciones internas y la necesidad de cambios en el sistema

En medio de la conmoción, Reartes afirmó que se están realizando auditorías internas para esclarecer si el accionar de la Senaf fue adecuado o si se cometieron fallas en la revinculación de los hermanos de Aralí. “No puedo contestar si estuvo bien o no. Sería muy imprudente de mi parte, sobre todo porque hay una fiscalía investigando y no queremos entorpecer”, sostuvo en diálogo con El Doce TV.

La muerte de Aralí reabre el debate sobre la eficiencia de los mecanismos de protección infantil y la necesidad de ajustes en el sistema para prevenir tragedias similares. Este caso exhibe una desconexión alarmante entre los informes técnicos y las realidades familiares de violencia, obligando a las autoridades a cuestionarse hasta qué punto las políticas de protección infantil están verdaderamente salvaguardando a los niños en situaciones vulnerables.