Declaran estado de asamblea permanente en toda la Administración Pública

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha declarado un estado de asamblea permanente y movilización a partir de este lunes, en respuesta a una serie de despidos masivos, la falta de aumentos salariales y la situación crítica en espacios de memoria como la ex ESMA. Esta medida, que refleja un creciente malestar en el sector público, podría marcar el comienzo de un 2025 lleno de tensiones laborales y políticas en el país.

Despidos masivos y la paritaria abierta

El panorama para los trabajadores del sector público es desolador. En los primeros días de enero, ATE comenzó a movilizarse en defensa de los empleos y derechos que, según denuncian, están siendo desmantelados por el gobierno. Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, fue enfático al señalar que el 2025 será un año marcado por una fuerte conflictividad laboral. "El gobierno sigue destruyendo salarios y puestos de empleo en el sector público", expresó Aguiar, señalando que las asambleas se realizarán en todo el país. La falta de respuesta a las demandas del sector podría derivar en una nueva medida de fuerza de alcance nacional.

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Un factor clave en este conflicto ha sido la paritaria. En la última negociación, celebrada el 30 de diciembre de 2024, el gobierno no presentó ningún ofrecimiento salarial, lo que llevó la discusión a un cuarto intermedio hasta mediados de enero. ATE ha manifestado que la inflación y la pérdida de poder adquisitivo durante el 2024 superaron el 40% en toda la administración pública, lo que exige una respuesta inmediata para evitar más empobrecimiento entre los trabajadores del Estado.

La larga sombra de los despidos

La tensión se ha acentuado con las noticias de despidos masivos en distintas áreas del gobierno. Desde diciembre de 2023, se contabilizan más de 36.000 despidos en la administración pública, un número que continúa creciendo. Según los datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, más de 35.900 empleados públicos fueron desvinculados entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024.

De estos, cerca de 21.400 son empleados de la administración centralizada y descentralizada, mientras que 11.951 pertenecen a empresas del Estado. El gobierno de Javier Milei ha defendido estos recortes como parte de un plan de ajuste fiscal que, según Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, "permitirá devolverle el dinero a los verdaderos dueños", en alusión a los contribuyentes privados.

La crítica al cierre de espacios de memoria

Además de la situación económica, ATE también ha expresado su rechazo al intento de cierre y reestructuración del Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en el predio de la ex ESMA. Este centro, considerado un espacio clave de memoria histórica en Argentina, ha sido objeto de una protesta masiva organizada por los trabajadores del lugar, junto a ATE, bajo la consigna "Sin trabajadores no hay memoria". En diciembre, el gobierno anunció la suspensión de 2400 contratos en distintas dependencias, incluidos 400 de la Secretaría de Derechos Humanos, lo que ha dejado a varios espacios de memoria sin personal.

Los trabajadores denuncian que estas decisiones responden a un plan de reestructuración interna que en realidad busca cerrar los centros culturales y sitios de memoria. Esta crítica se refuerza con el argumento de que el gobierno está adoptando una postura negacionista respecto a los crímenes de la dictadura, tratando de legitimar los hechos ocurridos durante ese periodo oscuro de la historia argentina.

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Protestas y movilizaciones

El sábado, miles de personas participaron de un festival en la ex ESMA para repudiar estos despidos y el cierre del Centro Cultural. La protesta, denominada "Una memoria que arde", incluyó una misa en la Secretaría de Derechos Humanos y un festival en el Centro Cultural Haroldo Conti. Los manifestantes también criticaron la decisión de los responsables del centro cultural de suspender labores durante el mes de enero y de aplicar la medida de "guardia pasiva" a gran parte de los empleados.

La situación no solo afecta a los trabajadores del sector cultural, sino que se extiende a áreas de seguridad y salud, como se evidenció en el reciente cese de contratos en el Ministerio de Justicia y en organismos como Parques Nacionales y el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

El futuro de la administración pública en la Argentina

Con un 2025 que recién comienza, las perspectivas para los trabajadores del sector público parecen sombrías. La falta de respuesta del gobierno a las demandas salariales y laborales, junto con los despidos masivos y el cierre de espacios de memoria, continúa alimentando una creciente tensión social y política. Los próximos días serán claves para determinar si el gobierno cede ante las demandas de ATE y otros sectores o si se profundiza el conflicto con nuevas medidas de fuerza a nivel nacional.