El gobierno impulsa proyecto que elimina la figura del femicidio, cupos y documentos no binarios

El Gobierno de Javier Milei está trabajando en un proyecto de ley denominado "igualdad ante la ley", que busca derogar una serie de normativas vinculadas a la equidad de género, la diversidad sexual y las políticas de discriminación positiva. Este proyecto se presentará formalmente en el Congreso a partir del 1° de marzo de 2025 y tiene como objetivo eliminar las distinciones legales basadas en el género o la identidad sexual, tales como los cupos laborales para personas trans y discapacitadas, el reconocimiento de los documentos no binarios y el femicidio como un agravante penal.

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Un giro hacia la "igualdad" ante la ley

Según fuentes oficiales, el principal objetivo del proyecto es eliminar cualquier tipo de diferenciación en el trato ante la ley, buscando lo que se ha definido como "igualdad ante la ley". Este enfoque implica la derogación de leyes y políticas públicas que el Gobierno considera favorecen a ciertos grupos en detrimento de otros. En ese marco, se propone suprimir los cupos laborales establecidos para personas trans y la figura legal del femicidio, que establece penas más severas para los homicidios de mujeres en contextos de violencia de género.

Aunque el proyecto ha generado un gran debate, en el Gobierno aseguran que no se tocarán leyes como el matrimonio igualitario ni la ley de aborto, las cuales permanecen como un pilar de la agenda progresista del país.

La polémica propuesta sobre el femicidio

Uno de los puntos más controversiales del proyecto es la posible eliminación de la figura del femicidio como agravante penal. Esta figura establece una pena más grave para aquellos hombres que asesinen a una mujer en un contexto de violencia de género. En la Casa Rosada argumentan que no tiene sentido establecer penas diferentes según el sexo de la víctima, cuestionando la distinción entre homicidio y femicidio. No obstante, aún resta saber si la propuesta se limitará a este punto o si también incluirá la eliminación de otras normativas, como la Ley Brisa, que establece reparaciones económicas para los hijos de mujeres asesinadas.

Los documentos no binarios: un tema en discusión

Otro de los puntos que se incluyen en el proyecto es la eliminación de los documentos no binarios, que fueron instaurados durante la presidencia de Alberto Fernández. En la Casa Rosada señalan que, a nivel nacional, se han entregado solo 1.200 documentos de este tipo. Según el Gobierno, la medida busca unificar la documentación de identidad en una única categoría, eliminando la posibilidad de reconocer oficialmente identidades no binarias en los registros del Estado.

Un panorama difícil para la aprobación

Desde la Casa Rosada reconocen que el proyecto enfrentará una fuerte oposición en el Congreso, y consideran que es probable que no logre avanzar rápidamente. Sin embargo, las autoridades aseguran que no abandonarán la iniciativa, independientemente de los obstáculos legislativos. En este sentido, el proyecto será parte de la agenda oficialista para el año 2025.

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El proyecto, que ya está en fase de desarrollo, tiene su correlato en las recientes declaraciones de Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos. Allí, el presidente de la Nación lanzó fuertes críticas a la "cultura woke", la ideología de género y las políticas de diversidad sexual. Milei definió la ideología de género como un “cáncer” que debe ser extirpado de la cultura occidental. Además, expresó su rechazo a las políticas que reconocen a las personas trans y no binarias, y equiparó la agenda LGBT con abusos infantiles.

El mandatario también se mostró crítico de las leyes que promueven la diversidad sexual, considerándolas parte de una agenda de imposición ideológica. “Hasta que no saquemos esta ideología de nuestra cultura, la sociedad no logrará avanzar”, afirmó Milei, lo que desató una fuerte polémica tanto a nivel nacional como internacional.

¿Qué implica este proyecto para las leyes de género en Argentina?

El proyecto de "igualdad ante la ley" no solo está generando controversia en torno al femicidio y los documentos no binarios, sino también respecto a los avances en materia de género que Argentina ha logrado en las últimas décadas. La posible derogación de leyes como la Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias en género y violencia de género para los empleados del Estado, también está sobre la mesa.

En este contexto, el Gobierno considera que es necesario poner fin a lo que consideran un tratamiento diferencial ante la ley, un tema que promete seguir generando intensos debates en la sociedad y en el Congreso.