Pamela Orellana
El Consejo de Ministros de España ha dado luz verde a un anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales sin afectar el salario de los trabajadores. Esta medida, pactada tras once meses de negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos, busca mejorar la calidad de vida de millones de empleados.
Sin embargo, su implementación depende del respaldo en el Congreso, donde podrían introducirse modificaciones antes de su aprobación definitiva.
La principal medida del anteproyecto es la disminución de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Para los contratos a tiempo parcial, aquellos que igualen o superen este límite serán convertidos automáticamente en contratos a tiempo completo.
El Gobierno también reformulará el sistema de registro de jornada laboral, asegurando que sea objetivo, fiable y accesible. Todas las empresas estarán obligadas a implementar este control para evitar abusos y garantizar el cumplimiento de la nueva normativa.
El anteproyecto contempla la regulación del derecho a la desconexión digital, garantizando que los trabajadores no sean contactados fuera de su horario laboral y que se respete su privacidad.
Uno de los sectores más beneficiados será el de los trabajadores a tiempo parcial, mayormente compuesto por mujeres. El Gobierno busca mejorar sus ingresos sin afectar sus horarios, favoreciendo la conciliación entre la vida laboral y personal.
Las empresas que no respeten el registro de jornada enfrentarán sanciones de entre 1.000 y 10.000 euros. Además, cualquier incumplimiento grave en materia de tiempo de trabajo que afecte la salud y seguridad de los trabajadores será considerado una infracción muy grave.
El anteproyecto establece que la norma entrará en vigor inmediatamente tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus convenios colectivos al nuevo límite de 37,5 horas semanales.
Según el Ministerio de Trabajo, alrededor de 12 millones de personas trabajan actualmente 40 horas semanales y podrían beneficiarse de la reducción de jornada. Además, otros 9 millones con jornadas superiores a 37,5 horas también verán recortadas sus horas laborales sin reducción de salario.
Se espera que la medida tenga un impacto positivo en la productividad y en el bienestar de los empleados, alineándose con tendencias ya implementadas en otros países europeos.
La iniciativa española sigue el ejemplo de otras naciones de Europa que han reducido sus horas de trabajo semanales:
Países Bajos: 30,9 horas
Noruega: 33,3 horas
Francia: 35 horas
Bélgica: 38 horas
Serbia y Suiza: 43,3 horas
Esto sitúa a España dentro del grupo de países que priorizan la conciliación laboral y el bienestar de los trabajadores.
La reducción de la jornada impactará especialmente en sectores con jornadas laborales más extensas, como la agricultura, la hostelería y el comercio. Empresas de estos rubros podrían verse obligadas a reorganizar sus turnos o contratar más personal para ajustarse a la normativa.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se opone a la reforma, argumentando que la reducción de jornada generará costos adicionales de entre 21.000 y 24.000 millones de euros, afectando principalmente a las pequeñas empresas y a los autónomos. Además, critican que la medida interfiera en la negociación colectiva entre empleadores y trabajadores.
El ministro de Industria, Jordi Hereu, defendió la medida en el Congreso de UGT FICA en Girona, destacando que "es un objetivo que tiene que ver con la expansión de los derechos" y que será logrado "a través del diálogo y el acuerdo".
"Estamos logrando tasas de crecimiento muy importantes y a la vez la extensión de derechos, uno de ellos es la reducción de la jornada laboral", afirmó Hereu. También aseguró que el Gobierno trabajará en el Parlamento para alcanzar una mayoría que respalde la reforma.
El anteproyecto será sometido a evaluaciones y modificaciones antes de su aprobación final. Si se aprueba con la mayoría parlamentaria necesaria, podría entrar en vigor en el verano de 2025.
El Ejecutivo busca agilizar su tramitación mediante la vía de urgencia, pero el debate podría extenderse si los grupos políticos solicitan más tiempo para presentar enmiendas. A pesar de los desafíos, la reducción de la jornada laboral representa un cambio histórico en los derechos de los trabajadores en España.
