YPF: la jueza Preska define si frena el fallo contra Argentina

El gobierno argentino se juega una carta decisiva el lunes 14 de julio: ese día, la jueza de Nueva York Loretta Preska anunciará si le concede al país la suspensión de la sentencia que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos que ganaron el juicio por la expropiación de 2012.

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La decisión judicial es esperada con máxima tensión por el equipo económico y jurídico argentino. En juego hay más de US$17.750 millones, intereses incluidos, tras el histórico fallo del año pasado que benefició a Burford Capital y Eton Park, los fondos que compraron los derechos de litigio al grupo Petersen.

"Si la suspensión es otorgada, los beneficiarios no podrán ejecutar la sentencia mientras se sustancia la apelación", explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors y uno de los que sigue más de cerca el caso.

Apelación en marcha y advertencias del Gobierno

El jueves por la mañana, el Gobierno nacional apeló la sentencia ante la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York, anticipándose a un posible revés en la decisión de Preska.

En ese escrito, Argentina advirtió que, si el nuevo fallo le resulta adverso, acudirá a la Corte Suprema de los Estados Unidos, lo que extendería la disputa judicial aún más.

La estrategia argentina sostiene que la orden de Preska es inconstitucional, ya que:

• Viola la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA)
• Contraviene el derecho federal norteamericano
• Afecta la soberanía del país
• Implica un “ejercicio extraterritorial de jurisdicción”

También se remarcó que cualquier traspaso de acciones de YPF requiere una ley del Congreso argentino, con una mayoría especial de dos tercios, según el estatuto de la compañía. Es decir, no puede ser ejecutado sin pasar por el Parlamento.

El rol de Aerolíneas, ARSAT y el Banco Central

Además de la definición del lunes, Preska ya convocó a una audiencia el martes 15 para tratar otro tema sensible: la entrega de información sobre entidades como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Enarsa y el Banco Central, que los demandantes buscan vincular como “alter ego” del Estado para embargar activos de esos organismos.

El pedido de los fondos buitre apunta a ampliar el alcance de la sentencia más allá de YPF, bajo el argumento de que esas entidades estatales “son lo mismo que la República Argentina”.

Una pelea con impacto político y económico

El fallo original fue dictado el 15 de septiembre de 2023 por la misma jueza, quien condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la forma en que se ejecutó la expropiación. La cifra creció desde entonces, con los intereses acumulados.

El presidente Javier Milei fue tajante al referirse al tema: “El fallo no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso. No va a ocurrir.”. El juicio se basa en que el gobierno de Cristina Kirchner nacionalizó la participación de Repsol en YPF sin lanzar una oferta pública al resto de los accionistas, incumpliendo el estatuto de la empresa.

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Ahora, la Argentina busca frenar una orden que, según advierte en sus escritos, tendría consecuencias irreversibles, ya que los demandantes ya anticiparon que venderán las acciones apenas las reciban, complicando cualquier chance de revertir la situación si el país gana la apelación.