Presunta corrupción y contratos bajo sospecha: la causa ARSAT abre otro frente incómodo para el gobierno nacional

La causa por presunta corrupción en ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima) aceleró en las últimas horas y volvió a dejar expuesto un circuito sensible de la administración pública nacional: contratos directos, bienes estratégicos del Estado sin custodia adecuada, funcionarios bajo sospecha, millones de dólares en efectivo y un ex titular de la empresa estatal que seguirá detenido por la droga hallada en su departamento de Palermo.

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli citó a declaración indagatoria a Facundo Leal, abogado mendocino, fundador y presidente de ARSAT hasta junio de 2025. La medida alcanza además a otros ex directivos de la compañía y a representantes de Argentina Logistic Services, la firma que quedó en el centro de la investigación por el servicio de fletes, transporte, alquiler de grúa y guardado de equipamiento tecnológico.

Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes judiciales y del material incorporado al expediente, la hipótesis apunta a una presunta maniobra para direccionar contrataciones en favor de ALS, una empresa que habría sido beneficiada con órdenes de compra millonarias pese a no reunir condiciones mínimas de seguridad para custodiar bienes estratégicos de ARSAT.

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La trama de los contratos

El expediente se inició por un robo detectado el 4 de enero de 2024 en un predio ubicado en San Fernando, donde se encontraban contenedores tecnológicos vinculados al Proyecto Shelter-2 de ARSAT, una iniciativa destinada a ampliar la Red Federal de Fibra Óptica. Allí se constató la intrusión de 17 shelters y la sustracción o deterioro de materiales valuados en alrededor de 151.000 dólares.

Lo que empezó como una denuncia por faltantes derivó en una investigación mucho más amplia. La Justicia busca determinar si la contratación de ALS fue resultado de una compulsa simulada, con empresas vinculadas entre sí, y si se fragmentaron pagos para evitar una licitación formal y el paso por el Directorio de ARSAT.

En la causa se menciona que Gerardo Boschin, entonces subgerente de compras de la empresa estatal, habría extendido al menos 14 órdenes de compra por un total de USD 1.930.861,30 y $40.300.000. Boschin fue citado a indagatoria junto a Leal, Pablo Gastón Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez, ex directivos identificados en el expediente como parte de la llamada “banda de los mendocinos”, por su origen común en esa provincia.

También fueron convocados Diego Maximiliano Padilla, Fernando Diego Paredes y Gastón Walter Padilla, vinculados a ALS; Sofía Varela Vizgarra y Santiago Pando. Las imputaciones bajo análisis incluyen presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles, fraude a la administración pública y pago de coimas.

Millones en efectivo y patrimonio bajo análisis

El capítulo patrimonial es uno de los más delicados para Leal. Durante los allanamientos realizados en propiedades de Palermo y Mendoza, los investigadores secuestraron más de 2,4 millones de dólares en efectivo, además de divisas de otros países. La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de los imputados, pidió informes al Banco Central y requirió documentación a la Oficina Anticorrupción para reconstruir la trazabilidad de los ingresos y bienes.

Mirabelli también dispuso embargos, inhibiciones generales de bienes y prohibición de salida del país para los acusados. En el caso de Leal, las medidas alcanzan a las dos propiedades allanadas.

El ex titular de ARSAT declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de $264.572.422, compuesto entre otros activos por empresas unipersonales. Ahora, los investigadores intentan establecer si existe correspondencia entre ese patrimonio formal y el volumen de dinero en efectivo secuestrado.

Drogas, equipos de inteligencia y otra causa en ORSNA

Leal seguirá detenido por una causa paralela: fue procesado con prisión preventiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, luego de que la Policía Federal encontrara en su departamento de Palermo ketamina, cristal MDMA, pastillas de MDMA, cocaína, un vapeador con cannabis y elementos asociados al consumo.

En su indagatoria, el ex funcionario sostuvo que se trataba de consumo personal, y un informe médico ratificó esa condición, aunque el juez consideró que la cantidad secuestrada podía ser compatible con comercialización. Ese expediente fue enviado a los tribunales federales de Comodoro Py.

Durante los procedimientos también apareció un bolso con 19 dispositivos de inteligencia profesional, entre ellos micrófonos ocultos en anteojos, lapiceras y mouses, inhibidores de señal, localizadores satelitales y un teléfono Iridium. Un peritaje de la DATIP concluyó, según fuentes del caso, que esos equipos no registraban uso relevante para la investigación y que no se habría comprobado espionaje efectivo.

El frente judicial no termina en ARSAT. Leal además fue imputado esta semana en otra investigación por su paso por el ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos), organismo que presidió tras dejar la empresa satelital y al que renunció en febrero de 2026. Al momento de su detención, seguía vinculado a ARSAT como empleado de planta permanente.

La denuncia fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, ex aliada de La Libertad Avanza, quien apuntó contra un presunto esquema de coimas del 10% para acceder a negocios vinculados al organismo. El fiscal federal Ramiro González pidió las primeras medidas de prueba sobre funcionarios, empresas y adjudicaciones.