Brasil investiga si se usaron fondos públicos en la visita partidaria de Milei
El Partido de los Trabajadores presentó un pedido ante el Ministerio Público Electoral para esclarecer los gastos de la visita presidencial a San Pablo, el posible uso de estructuras estatales y su participación en un acto de Flávio Bolsonaro.
Juan Manuel Villarreal
El Partido de los Trabajadores de Brasil (PT), fuerza política del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pidió que la Justicia electoral investigue cómo se financió el viaje de Javier Milei a San Pablo y si se utilizaron recursos públicos o estructuras estatales para facilitar su participación en actividades de contenido partidario.
La presentación fue impulsada junto con el Partido Verde y el Partido Comunista de Brasil y quedó en manos del Ministerio Público Electoral, que deberá resolver si corresponde iniciar una investigación. El planteo apunta a reconstruir el origen de los fondos destinados al traslado internacional, el alojamiento, los viajes internos, la seguridad, el protocolo y la logística de la visita.
Los denunciantes también solicitaron determinar si los gastos fueron afrontados con recursos públicos argentinos, aportes privados, fondos del Partido Liberal de Brasil o alguna otra fuente de financiamiento.
El acto que quedó bajo la lupa
Milei viajó a San Pablo y participó de la Convención Nacional del Partido Liberal, donde respaldó públicamente la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
El escrito sostiene que la presencia del mandatario argentino no fue una intervención aislada, sino que ocurrió dentro de una actividad vinculada con el proceso electoral brasileño. Por ese motivo, reclama establecer si existió coordinación entre autoridades argentinas, funcionarios brasileños y dirigentes del Partido Liberal para organizar la agenda.
Antes de participar en la convención partidaria, Milei fue recibido por el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas, en el Palacio de los Bandeirantes. Allí recibió la Orden de Ipiranga, la máxima condecoración estatal, durante una ceremonia que contó con protocolo oficial.
Ese recorrido llevó al PT a pedir que se determine si fueron utilizadas dependencias, recursos administrativos o estructuras patrimoniales del gobierno de San Pablo para potenciar una actividad electoral.
El financiamiento y la soberanía brasileña
La presentación no anticipa la existencia de un delito electoral o administrativo, pero reclama que se esclarezcan las circunstancias del viaje y la denominada “cadena financiera” de la visita presidencial.
Entre los puntos centrales, el PT pidió establecer quién cubrió el transporte, el hospedaje, los desplazamientos, la seguridad y el resto de los costos. También busca conocer si hubo cooperación institucional destinada a facilitar o mejorar la participación de Milei en el acto partidario.
Los impulsores del planteo consideran que esos datos son necesarios para analizar una posible injerencia extranjera y proteger la soberanía nacional, la igualdad entre los futuros competidores, la imparcialidad administrativa y la normalidad del proceso electoral brasileño.
La presentación también incluyó al Partido Liberal, a su titular, Valdemar Costa Neto; a Flávio Bolsonaro; y al gobernador Tarcísio de Freitas entre los actores cuya intervención deberá ser examinada.
Un nuevo capítulo de la crisis diplomática
El pedido ante la Justicia electoral se produjo después de que Milei cuestionara públicamente a Lula y al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes durante su visita a Brasil.
Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el Gobierno brasileño llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y convocó al representante argentino en Brasilia tras los ataques del Presidente argentino.
Desde el Gobierno argentino sostuvieron que el viaje tuvo carácter oficial debido a la recepción encabezada por el gobernador de San Pablo y a la entrega de la condecoración. Sin embargo, la participación posterior en la convención del Partido Liberal abrió interrogantes sobre la separación entre la agenda institucional y la actividad partidaria.
El Ministerio Público Electoral deberá analizar ahora la documentación y decidir si impulsa formalmente una investigación. Hasta que se adopte esa resolución, la presentación constituye un pedido de averiguación y no una determinación sobre la existencia de irregularidades.
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