Sindicatos se movilizan contra la eliminación de límites a compradores extranjeros
Juan Manuel Villarreal
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) convocó a movilizarse el próximo 6 de agosto frente al Congreso de la Nación para rechazar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que propone modificar las restricciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La protesta coincidirá con la fecha en la que el Gobierno nacional pretende retomar el tratamiento de la iniciativa en el Senado. El proyecto incluye cambios sobre expropiaciones, desalojos y propiedad rural, aunque el capítulo referido a la denominada Ley de Tierras concentra una parte importante de las críticas opositoras y sindicales.
Uno de los referentes de la convocatoria es el secretario general de ATE e integrante del FreSU, Rodolfo Aguiar, quien advirtió que la aprobación de la reforma podría comprometer la soberanía nacional y facilitar la adquisición de grandes extensiones por parte de corporaciones, fondos de inversión y Estados extranjeros.
El rechazo a la extranjerización de tierras
El cuestionamiento del frente sindical se concentra en la eliminación de los límites que actualmente regulan la propiedad extranjera de tierras rurales. Entre ellos aparece el tope del 15% aplicado a nivel nacional, provincial y departamental.

Desde el FreSU señalaron que la modificación podría afectar especialmente a zonas consideradas estratégicas, como la Patagonia, las regiones fronterizas y los territorios donde existen grandes reservas de agua. También plantearon que la flexibilización favorecería la concentración de la propiedad rural y ampliaría el margen para operaciones mineras, inmobiliarias y agropecuarias.
Aguiar sostuvo que, sin los controles actuales, las tierras podrían quedar expuestas a un uso indiscriminado y llamó a los legisladores a rechazar la iniciativa durante su tratamiento parlamentario.
La Provincia también cuestionó el proyecto
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, también expresó su rechazo a la reforma. El funcionario afirmó que la propuesta habilitaría una compra indiscriminada de tierras sin garantizar mayores inversiones ni creación de empleo.
Rodríguez remarcó que el debate no se limita a la titularidad de los campos, sino que involucra el control de recursos estratégicos. Desde la administración bonaerense sostienen que la eliminación de las restricciones podría tener consecuencias sobre el territorio, los recursos naturales y la soberanía.
El proyecto impulsado por el Gobierno ya atravesó múltiples modificaciones durante las negociaciones legislativas. El oficialismo busca llevarlo nuevamente al recinto del Senado el 6 de agosto, aunque persisten diferencias con sectores opositores y bloques dialoguistas sobre los alcances de la reforma.
La movilización sindical se desarrollará frente al Congreso durante esa jornada y tendrá como reclamo central que los senadores mantengan las restricciones establecidas para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

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