Causa judicial por abusos sacude a la Legislatura: detuvieron y procesaron a dos empleados

La Justicia de La Plata detuvo y procesó a dos empleados de planta permanente del Senado de la provincia de Buenos Aires, acusados de haber cometido presuntos abusos sexuales en el interior del Palacio Legislativo. La causa, caratulada como “abuso sexual con acceso carnal”, se apoya en denuncias formuladas por víctimas que señalaron haber sufrido ataques en el ámbito laboral, dentro del edificio que concentra la actividad parlamentaria bonaerense.

Los imputados son Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, quienes se desempeñaban con estabilidad laboral en la Legislatura. Ambos fueron detenidos en la noche del lunes, luego de una investigación penal que se inició a partir de los testimonios de las denunciantes y que se fue ampliando con el correr de los años.

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Una investigación que se extendió durante más de una década

La pesquisa judicial está a cargo de la fiscal Betina Lacki, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 2 del Departamento Judicial La Plata, y cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías Nº 4, que resolvió el procesamiento de los acusados al considerar que existen indicios suficientes de responsabilidad penal para que el proceso continúe.

Según consta en el expediente, la primera denuncia se presentó en 2014. Con el paso del tiempo, el caso se amplió: en 2019 se incorporaron dos nuevos testimonios y, en 2025, se sumaron otras dos denuncias. En total, la causa registra cinco víctimas identificadas, cuyas identidades se mantienen en reserva por razones de protección.

Recambio en el Senado bonaerense.

Si bien no todas sostuvieron la acusación de manera continua, al menos dos víctimas mantuvieron la demanda judicial a lo largo de los años, lo que permitió que la investigación avanzara hasta las detenciones concretadas esta semana.

Presuntos abusos, vínculos laborales y una estructura de poder

De acuerdo a la investigación, parte de los presuntos abusos se habrían producido dentro de una oficina del Senado bonaerense, lo que le otorga al caso una especial gravedad institucional.

Las denuncias describen un esquema de relación de poder asimétrica, en el que las víctimas, una vez incorporadas a una estructura militante vinculada al ámbito legislativo, habrían sido obligadas a devolver parte de su salario para “tareas”, generando un vínculo de sometimiento.

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En ese marco, el expediente incorpora la presunta existencia de una organización denominada “La Orden de la Luz”, que, según fuentes judiciales, utilizaba lenguajes codificados y comunicaciones encriptadas a través de Gmail, una dinámica que los investigadores asocian a estructuras con funcionamiento cerrado y disciplinado.

El abogado de las denunciantes, Ignacio Fernández Camillo, advirtió además que, al momento de las detenciones, algunas de las víctimas aún dependían laboralmente de Rodríguez, un dato que refuerza la hipótesis de un vínculo prolongado de subordinación.

Tras ser trasladados a sede judicial para prestar declaración indagatoria, Rodríguez y Silva Muñoz optaron por guardar silencio, haciendo uso de su derecho constitucional, mientras la causa continúa su curso en la Justicia platense.