Diálisis en riesgo: reclamos a la Provincia por pagos atrasados

El Centro Privado de Diálisis de Tandil atraviesa una situación crítica por una deuda millonaria de la provincia de Buenos Aires que ya acumula seis meses de atraso y amenaza la continuidad de los tratamientos. Así lo advirtió el médico a cargo de la institución, Vito Mezzina, quien detalló que el monto adeudado ronda los 180 millones de pesos y generó un nivel de desfinanciamiento que puso al límite el funcionamiento del centro.

La deuda corresponde a los pagos por 21 pacientes que dependen del Ministerio de Salud bonaerense y se atienden en la clínica ubicada en Uriburu 967. Ese grupo representa cerca del 30% de los 70 pacientes que asisten regularmente al establecimiento. “Lamentablemente esto cada tanto se repite y en esta oportunidad ya tenemos una deuda de seis meses de la provincia de Buenos Aires”, aseguró Mezzina en una entrevista radial.

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El nefrólogo calificó el escenario como “una situación extrema” y advirtió que el riesgo no alcanza solo a los pacientes cubiertos por la Provincia, sino al conjunto de las personas que requieren diálisis en la ciudad. Según remarcó, el problema no es aislado: “Todos los centros de diálisis del territorio bonaerense atraviesan un presente adverso debido a la deuda”.

Reclamos sin respuesta y conflicto provincial

Desde el sector aseguran que las gestiones ante el Gobierno provincial no lograron avances. Mezzina explicó que el presidente de la Asociación de Centros de Diálisis de Capital y Provincia de Buenos Aires se presentó en La Plata “infinidad de veces”, pero que los estamentos más importantes “no lo han atendido”. La falta de respuestas también se repitió frente a las cartas documento enviadas para exigir una solución.

Vito Mezzina, médico a cargo del Centro de Diálisis de Tandil.

En algunos distritos bonaerenses, el impacto es todavía mayor: hay centros donde hasta el 70% de los pacientes dependen directamente del Ministerio de Salud. En Tandil, aunque el porcentaje es menor, el atraso en los pagos resultó suficiente para generar un desequilibrio financiero severo. A eso se suma, según indicó el especialista, el aumento sostenido de pacientes sin obra social que quedan bajo cobertura provincial.

El conflicto se inscribe en una problemática más amplia que viene siendo denunciada por la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales (ARD). Desde la entidad advirtieron que llevan más de diez meses sin recibir respuestas formales ni informales del Ministerio de Salud bonaerense ni de IOMA, pese a reiterados pedidos de reunión. “La salud de más de 4.600 bonaerenses depende de una respuesta que nunca llega”, sostuvo el presidente de la ARD, Alfredo Casaliba.

La organización señaló además que los valores de las prestaciones permanecen congelados desde julio de 2024 y que la deuda acumulada del sector supera los 20.000 millones de pesos, con cerca de 195 centros en riesgo financiero en toda la provincia.

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Ingresos suspendidos y advertencia de derivaciones

Frente a este panorama, el Centro Privado de Diálisis de Tandil resolvió suspender el ingreso de nuevos pacientes. “La situación es insoportable”, afirmó Mezzina, y aclaró que la medida “ya está en funcionamiento porque es imposible tomar pacientes nuevos en estas condiciones”.

Además, el centro envió las cartas documento correspondientes para notificar al Gobierno provincial que, si la deuda no se normaliza en un plazo de 30 días, los pacientes actuales comenzarán a ser derivados al Ministerio de Salud para que sean reubicados y puedan continuar con sus tratamientos.

El médico precisó que IOMA “está pagando bien”, aunque sin actualización de valores desde hace 18 meses, y que con PAMI “está perfecto” y “no podemos decir absolutamente nada”. Sin embargo, advirtió que la falta de actualización y el atraso en los pagos impactan también en los proveedores: “Están aguantando como pueden para cobrar por las deudas que tenemos”.

Kicillof y Kreplak en conferencia de prensa.

Desde el Gobierno bonaerense, el ministro de Salud Nicolás Kreplak ofreció una lectura distinta del conflicto y apuntó al impacto de las decisiones del Ejecutivo nacional. “No es IOMA. Es la población en general la que está sufriendo la decisión del gobierno nacional de haberse retirado de la cobertura de estas prácticas que se realizaban desde Incluir Salud”, sostuvo.

El funcionario reconoció que la Provincia enfrenta una mayor demanda y enmarcó el reclamo en una discusión por actualización de valores en un contexto de caída de la recaudación, aunque admitió que “toda la salud está en una situación crítica”.

“Año nuevo, problemas viejos”, resumió Mezzina, al describir una crisis que, lejos de resolverse, se profundizó con una deuda aún más onerosa. “Es imposible seguir así”, sentenció, y reclamó que la Provincia adecúe los pagos de manera inmediata para evitar el colapso del servicio.