Proveedores bonaerenses cuestionan artículos “regresivos” de la reforma laboral

La Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE) expresó un fuerte rechazo a una serie de artículos incluidos en el proyecto de Ley de Modernización Laboral que el Gobierno nacional de Javier Milei busca aprobar durante las sesiones extraordinarias de febrero. Según advirtieron desde la entidad empresaria, varios puntos del texto representan un retroceso en materia de derechos colectivos y podrían generar mayor conflictividad laboral.

El planteo fue formalizado a través de un documento en el que FEMAPE solicitó la eliminación de artículos incluidos en el capítulo de “derecho colectivo” del proyecto. La federación aclaró que su posición no es de rechazo total a la iniciativa, pero sí de advertencia sobre aspectos que, a su criterio, contradicen los objetivos declarados de la reforma.

“Si bien compartimos la orientación general del proyecto de reforma laboral del Ejecutivo, que busca adaptar la legislación a los cambios que las transformaciones sociales y tecnológicas le imponen al mercado de trabajo, creemos oportuno señalar que algunos puntos de la iniciativa vulneran ese espíritu y es nuestra responsabilidad como empresarios, manifestarlo y solicitar su eliminación”, expresó el presidente de FEMAPE, Daniel Amato.

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Críticas al capítulo de derecho colectivo

Desde la federación remarcaron que, tras un análisis integral del proyecto, detectaron diferencias claras entre los artículos vinculados al derecho individual —que consideran alineados con la previsibilidad y la generación de empleo formal— y los del derecho colectivo, que despiertan mayor preocupación.

“Las relaciones laborales deben tener mayor previsibilidad para favorecer la generación de empleo formal y de calidad, y contribuir al dinamismo general de la economía nacional”, sostuvo Amato, aunque advirtió que parte del articulado propuesto “atenta contra los objetivos perseguidos”.

El eje del cuestionamiento está puesto en el impacto que tendrían los artículos objetados sobre la negociación colectiva, la representación empresarial y la estabilidad de los convenios vigentes. En ese marco, FEMAPE pidió expresamente que los artículos señalados sean retirados del texto que será debatido en el Congreso.

“Desde FEMAPE solicitamos que los artículos 126, 128, 130, 131 y 132 sean eliminados del proyecto ya que implican un grave retroceso en temas importantísimos como la negociación colectiva, representación empresarial, la articulación y prelación entre convenios colectivos de trabajo y la renegociación de convenios vencidos”, afirmó el titular de la entidad.

Los puntos más cuestionados del proyecto

Según detallaron los proveedores bonaerenses, el artículo 126 limita la ultraactividad de los convenios colectivos vencidos, lo que —advierten— desnaturaliza el convenio como instrumento integral y genera mayor inseguridad jurídica. Además, señalan que podría entrar en contradicción con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con convenios internacionales de la OIT.

El artículo 128, en tanto, es cuestionado por afectar la representación empresarial, ya que establece restricciones unilaterales a los aportes del sector empresario mientras mantiene los sindicales, lo que, según FEMAPE, rompe el principio de paridad entre las partes.

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Los artículos 130 y 131 modificarían el sistema de articulación entre convenios colectivos, otorgando prevalencia a acuerdos de menor alcance, incluso cuando los de actividad sean posteriores. Desde la federación alertan que esto podría fragmentar el marco normativo y habilitar desigualdades salariales injustificadas.

Por último, el artículo 132 es señalado por otorgar una discrecionalidad excesiva al Estado para intervenir en convenios vencidos, lo que —según FEMAPE— genera un escenario de inestabilidad e incertidumbre tanto para empleadores como para trabajadores.

Mientras el Gobierno confía en avanzar con la reforma durante febrero, el pronunciamiento de los proveedores bonaerenses suma presión al debate y expone resistencias incluso dentro de sectores empresarios frente a los cambios impulsados por la administración libertaria.