Según The New York Times, Argentina recibiría deportados de EE.UU.

El gobierno argentino mantiene conversaciones avanzadas con la administración de Donald Trump para firmar un acuerdo que permitiría a Estados Unidos deportar a la Argentina inmigrantes provenientes de terceros países, según reveló The New York Times a partir de fuentes con conocimiento directo de las negociaciones y registros oficiales del gobierno estadounidense.

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De concretarse, el entendimiento habilitaría el envío al país de personas que no son ciudadanos argentinos, en el marco de un operativo de deportaciones amplio y agresivo impulsado por Washington.

Un acuerdo reservado y sin confirmación oficial

De acuerdo con el diario estadounidense, el acuerdo aún no fue finalizado, pero las tratativas se encuentran en una etapa avanzada. Las fuentes consultadas hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de negociaciones diplomáticas reservadas.

Fuentes de la Cancillería se limitaron a señalar: “No realizamos comentarios sobre conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas”. Una respuesta similar brindó el Departamento de Estado de Estados Unidos, que evitó referirse a los detalles del diálogo bilateral.

Deportaciones a terceros países, una estrategia de Trump

Las negociaciones con la Argentina forman parte de una estrategia más amplia de la administración Trump, que en los últimos meses recurrió con mayor frecuencia a acuerdos de deportación con terceros países para avanzar con su campaña de expulsiones masivas.

Estos mecanismos buscan desalentar los cruces ilegales hacia Estados Unidos y, al mismo tiempo, facilitar la deportación de personas provenientes de países con los que Washington tiene dificultades diplomáticas o problemas para obtener documentación de viaje.

El rol de Argentina en el esquema propuesto

Según reveló The New York Times, el acuerdo permitiría a Estados Unidos enviar a ciudadanos extranjeros a la Argentina para que, desde Buenos Aires, puedan tomar vuelos hacia sus países de origen. En ese marco, el país aceptaría el ingreso de personas detenidas poco después de cruzar ilegalmente la frontera, de acuerdo a un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional citado por el diario.

Documentos oficiales indican que el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, presentó a comienzos de año una propuesta para cerrar el acuerdo, y que el canciller Pablo Quirno se habría comprometido a firmarlo con las autoridades norteamericanas.

Dudas, costos y capacidad operativa

Según registros del gobierno estadounidense, la administración de Javier Milei expresó preocupación por una posible reacción pública negativa, así como por sus propios esfuerzos para limitar la inmigración en la Argentina.

Entre los obstáculos señalados figuran la carga financiera que implicaría el acuerdo en un contexto de recortes presupuestarios, además de la falta de infraestructura para alojar y trasladar a los migrantes.

Endurecimiento del discurso migratorio en la Argentina

Las conversaciones con Washington se producen en un contexto de endurecimiento del discurso oficial en materia migratoria. Bajo la presidencia de Milei, el Gobierno intensificó su retórica contra la inmigración y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó recientemente que su cartera alcanzó cifras récord de expulsiones.

El posible acuerdo con Estados Unidos contrasta con los esfuerzos del Ministerio de Seguridad por frenar la inmigración ilegal.

Antecedentes regionales y acuerdos similares

De concretarse, la Argentina se sumaría a una lista de países aliados de Trump que ya firmaron acuerdos similares. Paraguay, bajo el gobierno de Santiago Peña, suscribió en agosto un Acuerdo de Tercer País Seguro, mientras que Ecuador, gobernado por Daniel Noboa, avanzó con un entendimiento de características similares en julio de 2025.

En marzo, la administración Trump también expulsó a más de 200 personas, en su mayoría venezolanos, que terminaron detenidas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, en el marco de un acuerdo que incluyó un pago de 4,76 millones de dólares al gobierno de Nayib Bukele, según documentos judiciales.

Protestas y tensión en Estados Unidos

En paralelo al avance de estas políticas, Trump profundizó las redadas migratorias del ICE, que generaron una fuerte reacción social. Según informaron medios estadounidenses, manifestantes en distintas ciudades convocaron a una huelga general bajo la consigna “no trabajar, no ir a la escuela, no comprar” en rechazo a los operativos.

En el marco de esas redadas se registraron muertes que son investigadas por la Justicia estadounidense, lo que incrementó la tensión política y social en el país del norte.

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Por ahora, el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos sigue en discusión y sus términos finales permanecen bajo estricta reserva.