La SIDE avanza y la movida de los Menem se cayó en la Justicia

La estrategia judicial para frenar el DNU que amplía las facultades de la SIDE terminó en fracaso. El juez federal de Paraná, Daniel Alonso, rechazó un habeas corpus preventivo presentado contra el decreto impulsado por el Gobierno nacional y dejó firme, al menos por ahora, la norma que fortalece el rol del sistema de inteligencia bajo la órbita de Santiago Caputo.

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El fallo se conoció luego de que el magistrado habilitara la feria judicial para analizar el planteo, una decisión que generó ruido político y judicial, tanto por el contenido del decreto como por el trasfondo interno que rodea el caso.

El habeas corpus y el rechazo judicial

La presentación había sido impulsada por los abogados Rubén Alberto Pagliotto, Raymundo Arturo Kisser y Armando Rafael Aquino Britos, vinculados a la UCR, quienes cuestionaron el DNU 941/2025, firmado por Javier Milei a fines de diciembre.

Según los demandantes, el decreto representaba una amenaza directa a la libertad personal, al habilitar que agentes de inteligencia puedan aprehender personas sin orden judicial, lo que —a su entender— vulnera principios básicos como la presunción de inocencia, la libertad ambulatoria y el debido proceso.

Sin embargo, Alonso desestimó el planteo al considerar que no existía una amenaza “cierta, concreta e inminente” contra la libertad de las personas. “No se infiere ni siquiera de manera indiciaria la existencia de limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria, ni vulneración de garantía constitucional alguna”, sostuvo el juez en su resolución.

El trasfondo político y la interna del oficialismo

Más allá del aspecto jurídico, el fallo quedó atravesado por un fuerte condimento político. En Entre Ríos señalan que Alonso mantiene una relación cercana con la familia Menem e incluso fue abogado de Carlos Nair Menem, hijo del expresidente y primo de Martín y ‘Lule’ Menem.

Ese dato alimentó versiones que circulan en el Congreso, donde se comenta que el sector de los Menem habría hecho saber a legisladores de la oposición que no pondría demasiada resistencia a un eventual intento parlamentario por voltear el DNU, una discusión que comenzará apenas se habiliten las sesiones.

En ese contexto, el rechazo del habeas corpus terminó siendo leído como un revés para esa movida y un respaldo indirecto al esquema de poder interno que rodea al área de inteligencia.

Un juez con antecedentes polémicos

No es la primera vez que Daniel Alonso queda en el centro de la escena. En abril de 2022, su juzgado fue noticia nacional cuando aceptó un planteo de un diputado del Frente Renovador y ordenó al Congreso frenar la designación de nuevos miembros del Consejo de la Magistratura.

Aquella decisión fue un desafío directo a la Corte Suprema, que había declarado inconstitucional la ley que reducía la integración del organismo. El Máximo Tribunal terminó revocando lo resuelto por Alonso y cuestionó duramente su actuación, que incluso derivó en una denuncia por presunto mal desempeño.

Ahora, el magistrado volvió a generar repercusión al habilitar la feria judicial para tratar el pedido de cautelar contra el DNU que reorganiza la SIDE.

Qué dice el DNU que refuerza a la SIDE

El DNU 941/2025 introduce cambios profundos en el sistema de inteligencia argentino. Entre los puntos más controvertidos, habilita a agentes de la SIDE a detener o aprehender personas en el marco de sus tareas, incluso sin orden judicial previa en casos de flagrancia.

Las críticas se centran en que estas facultades otorgan a un organismo de inteligencia atribuciones cuasi policiales, sin el control judicial inmediato que exige la Constitución. Además, el decreto establece que todas las operaciones del sistema de inteligencia tengan carácter encubierto, lo que limita el control externo.

El texto también consolida a la SIDE como órgano rector del sistema, coordinando áreas como la Agencia Nacional de Contrainteligencia y la Agencia Federal de Ciberinteligencia, y le permite requerir información a otros organismos del Estado, incluidos los provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.

La apelación y lo que viene

Pese al rechazo del habeas corpus, los impulsores del planteo ya anticiparon que apelarán la decisión. “El solo hecho de que el DNU habilite detenciones sin orden judicial constituye un peligro real y concreto”, sostuvieron tras conocerse el fallo.

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Mientras tanto, el decreto continúa vigente y suma un aval judicial clave, en medio de un escenario político atravesado por tensiones internas, cuestionamientos opositores y un debate que promete trasladarse al Congreso en las próximas semanas.