Diputados reclaman informes por contratación vinculada a Sturzenegger

Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados encendió la polémica en torno a una contratación realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La iniciativa, impulsada por la diputada Roxana Monzón, reclama al Poder Ejecutivo que remita “en forma urgente y detallada” toda la información y documentación respaldatoria de la adjudicación aprobada por la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE.

La contratación cuestionada está vinculada a la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25, destinada a la capacitación en idioma inglés del personal de Cancillería.

Pedido de información “urgente y detallada”

El proyecto de resolución exige que el Gobierno envíe el número completo de expediente, la normativa invocada y los fundamentos técnicos y jurídicos que justificaron encuadrar el procedimiento en el artículo 25 inciso d) apartado 2 del Decreto 1023/01.

Asimismo, solicita que se informen las fechas clave del proceso administrativo, incluyendo convocatoria, apertura y adjudicación, así como la emisión de la correspondiente orden de compra.

Más rebusque y menos trabajo formal: el cuentapropismo roza su pico histórico

Entre los puntos centrales, el texto también requiere conocer si el Ministerio realizó estudios comparativos o relevamientos que avalen el supuesto de “especialidad” y la inexistencia de otros prestadores idóneos en el mercado. En esa línea, pide la identificación completa del adjudicatario, sus autoridades vigentes y los antecedentes contractuales con Cancillería durante los últimos diez años.

El monto adjudicado y la justificación oficial

En los fundamentos, la diputada Roxana Monzón detalla que la contratación adjudicó $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (CUIT 30-52550539-8) por un plazo de nueve meses, con opción de prórroga por un período equivalente.

Según se consigna en el acto administrativo, la decisión se justificó bajo el argumento de que la entidad sería el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad de un plan de capacitación iniciado en 2018 y desarrollado durante ocho años.

La resolución subraya que se trató de un procedimiento de excepción que “restringe la concurrencia y competencia”, por lo que reclama conocer en detalle los criterios técnicos concretos que sostuvieron la supuesta falta de oferentes alternativos. El texto plantea que se trata de un servicio educativo con amplia oferta en el mercado, lo que refuerza la necesidad —según la iniciativa— de transparentar los fundamentos adoptados.

La controversia pública

El proyecto también hace referencia a la polémica generada en el plano público. Señala que “distintos medios periodísticos” informaron que la Asociación Argentina de Cultura Inglesa es presidida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger.

Además, afirma que las actuaciones administrativas reconocen la existencia de un “vínculo positivo” entre una de las directoras de la asociación y el ministro.

En este contexto, la diputada impulsa el pedido de informes para que el Ejecutivo precise los criterios aplicados y brinde acceso a la documentación completa de la contratación.

El contexto fiscal y el reclamo de transparencia

En el tramo final, la resolución pone el foco en el contexto fiscal sintetizado en la expresión “no hay plata” y contrapone el gasto comprometido —imputado al ejercicio 2026— con el deterioro presupuestario de áreas sensibles.

El proyecto concluye con un llamado a garantizar transparencia y acceso público a los criterios, montos y fundamentos de la contratación, en un marco que, según plantea, requiere especial cuidado en la utilización de recursos estatales y en los procedimientos de excepción que limitan la competencia.