Baja de imputabilidad a los 14: penas, cambios y puntos de tensión del nuevo régimen

Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, el Senado convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil y bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La votación se concretó este viernes 27 de febrero de 2026, tras la media sanción obtenida en Diputados, donde el proyecto había sido aprobado por 149 votos a favor y 100 en contra.

La iniciativa fue impulsada por el oficialismo de Javier Milei y contó con el respaldo de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el Propuesta Republicana y bloques provinciales. El rechazo provino mayoritariamente del interbloque peronista.

La reforma reemplaza el régimen vigente desde 1980 y crea un sistema penal especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años que cometan delitos tipificados en el Código Penal o en leyes especiales.

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Cómo serán las penas y qué cambia con la nueva ley

Uno de los ejes centrales es la prohibición expresa de la prisión perpetua para menores de 18 años al momento del hecho, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño. Para los delitos más graves —como homicidios agravados, abusos sexuales con acceso carnal, secuestros o robos con violencia extrema— la pena máxima se fija en 15 años de prisión, por debajo de los 20 años que regían como tope en el esquema anterior y de las escalas del régimen adulto.

La norma establece criterios de gradualidad según la edad. Para adolescentes de 14 años, la escala penal se reduce a la mitad; para los de 15, la reducción es de un tercio. En el caso de jóvenes de 16 y 17 años no hay rebaja automática, aunque rige el límite general de 15 años.

Cuando el delito tenga una pena prevista de hasta tres años, o de entre tres y diez años sin resultado de muerte ni lesiones graves, el juez deberá priorizar medidas alternativas: amonestaciones, tareas comunitarias, libertad asistida, reparación económica, prohibiciones de acercamiento o de conducir, restricciones para salir del país o monitoreo electrónico. La prisión efectiva queda planteada como último recurso.

También se habilita la posibilidad de libertad condicional al cumplir dos tercios de la condena. Las penas privativas de libertad deberán cumplirse en institutos especializados o en sectores diferenciados, con prohibición de convivencia con detenidos adultos.

El texto incorpora la figura de “supervisores”, con formación en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones y trabajo social, que deberán realizar entrevistas semanales y seguimiento personalizado de cada adolescente imputado.

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Presupuesto, responsabilidades y tensión con las provincias

Para garantizar los votos en Diputados, el Ejecutivo comprometió una partida de $23.739 millones. Más de $20.000 millones se asignan a la Defensoría General de la Nación para asegurar la defensa técnica de los jóvenes, y más de $3.000 millones al Ministerio de Justicia, encargado de implementar el nuevo esquema y designar supervisores.

Sin embargo, varios senadores pusieron en duda la suficiencia de esos fondos y advirtieron que la aplicación concreta recaerá en gran medida en las provincias, que podrán firmar convenios de cooperación con la Nación para el traslado o alojamiento de adolescentes en otras jurisdicciones.

El senador chaqueño Jorge Capitanich advirtió que, sin financiamiento adecuado, la norma podría “quedar en letra muerta” y señaló problemas estructurales como la sobrepoblación carcelaria. En la misma línea, otros legisladores opositores plantearon que el enfoque prioriza la respuesta punitiva por sobre políticas de prevención, salud mental e inclusión social.

Los 44 votos afirmativos, 27 negativos y la abstención que se registró en la sesión.

Desde el oficialismo defendieron la reforma como una actualización necesaria. La senadora Patricia Bullrich sostuvo en el cierre del debate: “Esta ley está del lado del ciudadano y deja la teoría de que la víctima es el delincuente”. Y agregó: “Venimos a terminar con la doctrina de que el delincuente es víctima del sistema”.

La ley también establece la responsabilidad civil de los padres por los daños y perjuicios derivados de los delitos cometidos por sus hijos menores de edad.

Durante la sesión, que fue seguida desde los palcos por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, se registraron fuertes cruces políticos. En uno de los pasajes más tensos, tras un minuto de silencio impulsado por el oficialismo, el senador Martín Soria lanzó: “¿Terminamos con el show?”.