La CGT impugnó la reforma laboral ante la Justicia
La CGT fue a fondo contra la reforma laboral y la llevó a la Justicia. Denuncia retrocesos y pide que la declaren inconstitucional.
Juan Manuel Villarreal
La Confederación General del Trabajo (CGT) realizó este lunes una nutrida movilización a los Tribunales porteños y formalizó la presentación de recursos en el fuero Laboral y en el Contencioso Administrativo para que la ley de reforma laboral sea declarada inconstitucional.
La central obrera cuestiona la norma impulsada por el Gobierno de Javier Milei, sancionada el viernes en el Senado, y sostiene que vulnera garantías constitucionales y tratados internacionales suscriptos por la Argentina.
Los cosecretarios generales Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros) encabezaron la presentación judicial en medio de la movilización.
En un comunicado, la CGT afirmó que asume una “responsabilidad histórica” para resistir lo que definió como una reforma “regresiva y perniciosa”.
Los ejes constitucionales que invoca la CGT
En el escrito judicial, la central obrera argumenta que la reforma contradice el principio de progresividad o no regresividad de los derechos sociales, que impide retrocesos en materia laboral, y el principio protectorio del derecho del trabajo.
Además, señala una afectación directa del artículo 14 bis de la Constitución Nacional en puntos centrales como:
- Protección contra el despido arbitrario
- Derecho de huelga
- Negociación colectiva
- Libertad sindical
La CGT advierte también sobre posibles incompatibilidades con compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos laborales.
Los puntos más cuestionados de la reforma
Entre los aspectos más criticados por la conducción cegetista figuran:
- La habilitación de jornadas laborales de hasta 12 horas.
- La eliminación de sanciones a empleadores que incumplan aportes.
- La posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas mediante un Fondo de Asistencia Laboral
- financiado con aportes de trabajadores.
- La reducción de aportes a las obras sociales.
- La fragmentación de las vacaciones.
- La promoción de convenios por empresa en detrimento de la negociación colectiva sectorial.
- Restricciones al derecho a la protesta y a la actividad sindical.
Para la CGT, estas modificaciones implican un retroceso en derechos conquistados durante décadas y no atacan las causas estructurales del desempleo y la informalidad.
El contexto económico en el que se da la disputa
El documento difundido por la central obrera enmarca la reforma en un escenario que define como crítico: caída de la actividad en gran parte del sector privado, pérdida de más de 300.000 empleos en los últimos dos años, aumento de la desocupación, cierre de empresas y pymes y deterioro del poder adquisitivo.
Según el texto, los problemas de pobreza, desempleo y precarización no se explican por el marco normativo vigente, sino por decisiones macro y microeconómicas adoptadas en los últimos años.
También mencionan la persistencia de la inflación, la caída del consumo, la inversión y la recaudación, así como el incremento del endeudamiento del Estado y de los hogares.
El trasfondo político y la presión sindical
La movilización de este lunes se suma al paro general impulsado por la CGT el pasado 19 de febrero, en coincidencia con el debate del proyecto en la Cámara de Diputados.
En el comunicado, la central obrera también incluyó una referencia al escenario político tras las elecciones presidenciales de 2023, al señalar que el peronismo “no definió la estrategia electoral que condujo a la derrota política”.
El texto concluye con un llamado a la unidad y a la participación colectiva bajo la consigna: “No hay libertad sin justicia social”.
Mientras tanto, la definición quedará ahora en manos de la Justicia, que deberá resolver si hace lugar al planteo de inconstitucionalidad y suspende la aplicación de la reforma laboral.
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