Tras una semana de paros, cómo sigue el plan de lucha en las universidades nacionales
Docentes y no docentes profundizan la protesta ante la falta de respuesta del Gobierno: confirmaron nuevas medidas de fuerza, avanzan con la organización de una movilización federal y denuncian una fuerte pérdida del poder adquisitivo junto al freno de las paritarias.
Pamela Orellana
El conflicto en las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo de tensión tras una semana de paros con alto acatamiento y sin respuesta oficial del Gobierno de Javier Milei. Los gremios docentes y no docentes resolvieron avanzar con un plan de lucha escalonado que incluirá nuevas medidas de fuerza desde fin de marzo, mientras crece la preocupación por el deterioro salarial y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Paro confirmado y presión creciente
El Frente Sindical de las Universidades Nacionales ratificó un paro de 24 horas para el martes 31 de marzo, en continuidad con las protestas que paralizaron la actividad en las 60 universidades públicas del país. Según la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), el nivel de adhesión a la última medida fue “total”, lo que refuerza la estrategia gremial de profundizar el reclamo.
Además del paro, los sindicatos anticiparon nuevas jornadas de visibilización y no descartan avanzar hacia una semana completa de cese de actividades en abril. En paralelo, el próximo 27 de marzo participarán del plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde buscarán una declaración conjunta con rectores y estudiantes para advertir sobre la gravedad de la situación.
“El deterioro salarial y presupuestario impide el desarrollo normal de las actividades académicas”, señalaron desde el sector docente, en línea con una postura compartida por los rectores de la mayoría de las universidades.
Salarios en caída y paritarias congeladas
El trasfondo del conflicto es la pérdida sostenida del poder adquisitivo. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los salarios docentes registraron una caída del 34% en términos reales entre noviembre de 2023 y el primer tramo de 2024, sin que hasta ahora haya habido recomposición.
En marzo de 2026, los ingresos básicos muestran fuertes disparidades según dedicación y cargo. Un profesor titular con dedicación exclusiva percibe $1.456.091 brutos, mientras que en dedicación simple ese mismo cargo apenas alcanza los $364.022. En los escalones más bajos, un jefe de trabajos prácticos con dedicación simple cobra $243.874.
Incluso con adicionales por antigüedad o zona, la mayoría de los salarios no logra superar el umbral de $1.300.000 mensuales, quedando rezagados frente a la inflación y otros sectores del empleo formal.
Desde los gremios advierten que para recuperar el nivel de ingresos de noviembre de 2023 sería necesario un incremento cercano al 50%, cifra que excede ampliamente cualquier actualización otorgada hasta el momento.
Marcha federal y denuncia por falta de respuesta
Ante la falta de avances, el conflicto se trasladará también a las calles. El Frente Sindical trabaja en la organización de una nueva marcha federal universitaria, prevista tentativamente para el 23 de abril, con el objetivo de sumar a estudiantes y distintos sectores sociales.
Como parte de la estrategia de visibilización, también se analiza instalar una carpa federal en defensa de la universidad pública y la soberanía, replicando modalidades de protesta utilizadas en conflictos anteriores.
En este contexto, la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN) salió a desmentir versiones sobre supuestos aumentos salariales. “No hemos recibido ninguna notificación oficial”, indicaron, y remarcaron que tampoco hubo convocatoria a paritarias.
“Informamos que tampoco hemos tenido respuestas alguna por parte de las autoridades competentes, respecto a la convocatoria a una reunión paritaria de nivel general”, afirmaron desde el gremio, que ratificó el plan de lucha votado a comienzos de marzo.
El eje del reclamo sigue siendo la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, que contemplaba una recomposición cercana al 44% y la reapertura de negociaciones salariales. Sin avances del Poder Ejecutivo en ese sentido, el conflicto se encamina a una nueva escalada con impacto directo en el calendario académico.
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