Glaciares: el oficialismo busca blindar votos y aprobar la reforma

Pasado el feriado de Semana Santa, el oficialismo retoma la agenda legislativa con un objetivo claro: aprobar en la Cámara de Diputados la reforma de la Ley de Glaciares. Se trata del único tema pendiente que había quedado de las sesiones extraordinarias y que ahora buscarán convertir en ley en una sesión prevista para el próximo miércoles.

La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero, cuando fue aprobada con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo a pedido de gobernadores de provincias cordilleranas, apunta a modificar el alcance de las zonas protegidas y habilitar actividades económicas en áreas que hoy están restringidas.

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El eje central de la iniciativa es la redefinición de qué se considera glaciar y ambiente periglacial. La propuesta establece que solo quedarán protegidos aquellos cuerpos de hielo que tengan una “función hídrica efectiva y relevante”.

Esto implicaría un cambio sustancial respecto a la ley vigente (26.639), que protege de manera amplia tanto a los glaciares como al ambiente periglacial, considerado una reserva estratégica de agua dulce. Además, la reforma propone transferir a las provincias la potestad de determinar qué áreas deben ser protegidas o excluidas del Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el IANIGLA.

Otro punto clave es que la modificación podría habilitar actividades hoy prohibidas, como la exploración minera o hidrocarburífera en ciertas zonas periglaciares. Según el oficialismo, esto permitiría dar mayor previsibilidad a inversiones, especialmente en el sector minero.

El cronograma legislativo

Antes de llegar al recinto, el proyecto tendrá una escala clave: este martes 7 de abril se realizará un plenario conjunto de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.

Allí expondrán invitados especiales, incluidos gobernadores que impulsan la iniciativa. Tras esa instancia, el oficialismo buscará firmar dictamen y avanzar rápidamente hacia la sesión del miércoles.

En el oficialismo hay optimismo: aseguran contar con los 129 diputados necesarios para abrir la sesión y aprobar la ley con el respaldo de bloques aliados.

Audiencias masivas y críticas al proceso

El tratamiento del proyecto estuvo precedido por una audiencia pública de gran magnitud realizada a fines de marzo, en la que se inscribieron más de 102 mil personas. Sin embargo, menos de 400 pudieron exponer, lo que generó cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y sectores opositores. Desde esos espacios denuncian que el proceso fue restrictivo y no garantizó una participación efectiva.

El debate no solo es político, sino también científico y ambiental. Diversos especialistas advierten sobre el impacto que podría tener la reforma en un contexto de crisis climática.

Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad, explicó a El Territorio que “el ambiente periglacial también cumple una función clave en la regulación del agua”, y detalló que allí se encuentran glaciares de escombros que contienen entre un 50% y un 70% de agua. “Aportan y regulan el caudal de las cuencas hídricas, especialmente en épocas de sequía”, remarcó.

Además, advirtió que los efectos del cambio climático se están acelerando: “Lo que se preveía para dentro de 20 o 30 años ya está ocurriendo ahora, con mayor intensidad y frecuencia”.

En la misma línea, la abogada ambientalista María José Lubertino fue contundente al cuestionar la reforma: “Lo que estamos presenciando es un intento de ‘limpieza legal’ para facilitar el saqueo de nuestras reservas hídricas más estratégicas”.

También alertó sobre el impacto institucional y ambiental del proyecto: “Reducir la protección es un retroceso ilegal. Defender nuestros glaciares es defender la vida”.