Zona Fría: crece la ofensiva bonaerense contra el recorte de Milei al subsidio del gas
Pamela Orellana


La discusión por la modificación del régimen de Zona Fría abrió un nuevo foco de conflicto entre la administración de Javier Milei y la provincia de Buenos Aires.
Mientras el oficialismo busca avanzar este miércoles en Diputados con el proyecto que redefine los subsidios al gas, desde la Provincia, la Defensoría del Pueblo bonaerense, intendentes y distintos sectores políticos salieron a cuestionar una iniciativa que podría dejar sin descuentos a más de 1,3 millones de usuarios bonaerenses.
El rechazo sumó este martes un nuevo capítulo con la Resolución N.º 3/26 emitida por la Defensoría del Pueblo bonaerense. El organismo expresó formalmente su oposición al proyecto impulsado por la Casa Rosada y recomendó al Congreso no avanzar con la eliminación del beneficio.
Según advirtió la Defensoría, la propuesta oficial implicaría que millones de hogares dejen de recibir descuentos automáticos de entre el 30% y el 50% en sus facturas de gas. El nuevo esquema limitaría el acceso al beneficio únicamente a usuarios incorporados al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.
En el documento, el organismo sostuvo que “la calefacción en zonas frías no constituye un consumo de lujo sino una necesidad básica vinculada al derecho a la salud y a condiciones dignas de vida”. También alertó sobre el impacto sanitario y económico que podría provocar la medida justo antes del invierno, con aumentos que podrían oscilar entre el 50% y el 100% en las boletas.
El interior bonaerense, en alerta
La reforma impulsada por el oficialismo apunta a modificar el régimen ampliado en 2021 mediante la Ley 27.637, que incorporó a 95 municipios bonaerenses al esquema de descuentos por bajas temperaturas.
Entre las ciudades alcanzadas aparecen Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Azul, Olavarría, Necochea, Junín, Pehuajó, Coronel Suárez, Villa Gesell, Pinamar y Tres Arroyos, entre muchas otras localidades del interior provincial donde el consumo de gas se incrementa durante gran parte del año por razones climáticas.
Desde el gobierno bonaerense, el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, aseguró que el proyecto “busca retrotraer la ampliación de 2021” y cuestionó el trasfondo de la iniciativa libertaria. “Zona Fría es la principal polémica, pero el proyecto es más amplio. Se mete con la deuda de Cammesa, marcos regulatorios provinciales y avanza hacia una desregulación del sector”, afirmó.
El funcionario remarcó además que Buenos Aires sería el distrito más afectado por los cambios. Según detalló, de los 2,3 millones de usuarios incorporados al régimen tras la ampliación de 2021, unos 1.260.000 pertenecen a territorio bonaerense. “Esta ley busca pegarle fuerte no a Kicillof sino a los bonaerenses”, sostuvo.
Ghioni también cuestionó el alcance del nuevo esquema tarifario. Explicó que actualmente el subsidio impacta sobre la factura total del servicio, mientras que la propuesta oficial solo contemplaría el precio del gas como producto, dejando afuera componentes como transporte y distribución.
Legisladores e intendentes salieron al cruce
La avanzada libertaria también generó rechazo en la Legislatura bonaerense. El presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, presentó un proyecto para expresar preocupación por la reforma y advirtió sobre “consecuencias desastrosas” para la economía doméstica.
“Dejar sin el beneficio de Zona Fría a 77 municipios de la Provincia de Buenos Aires implicaría una grave afectación a las economías familiares”, sostuvo el legislador marplatense. El planteo fue acompañado por sus pares Silvina Vaccarezza y Matías Civale.
Desde el interior provincial también se multiplicaron las críticas. El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, pidió que el Gobierno nacional “recapacite”, mientras que el jefe comunal de Pehuajó, Pablo Zurro, cuestionó el ajuste impulsado por la administración libertaria.
La ex titular de ANSES Fernanda Raverta advirtió que el proyecto “constituye una regresión normativa”, y la senadora bonaerense Valeria Arata alertó sobre el deterioro del consumo en ciudades como Junín por el peso de las tarifas.
En paralelo, el Instituto Consenso Federal, encabezado por el ex diputado Alejandro Rodríguez, salió a refutar los argumentos oficiales sobre un supuesto “despilfarro” energético. Según explicó, en las regiones frías el consumo anual promedio de gas alcanza los 1.052 metros cúbicos por vivienda frente a 542 metros cúbicos en regiones templadas.
Rodríguez sostuvo que los descuentos “no constituyen un privilegio”, sino una herramienta para afrontar “el mayor consumo que exige el clima frío para vivir con salud y dignidad”. Además, aseguró que entre 2021 y 2024 el consumo en las nuevas zonas incorporadas creció apenas un 7%, un porcentaje que calificó como “razonable y responsable”.

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