Fondos, IOMA y poder territorial: la interna oficialista vuelve a poner en jaque a Diputados

Los fondos destinados a los municipios volvieron a exponer las fracturas internas de Fuerza Patria y amenazan con trasladar el conflicto al recinto de la Cámara de Diputados. La suspensión, por segunda vez consecutiva, de la comisión de Presupuesto e Impuestos dejó al descubierto una pulseada cada vez más áspera entre el kicillofismo, La Cámpora y el massismo sobre quién tendrá el control de una porción clave de los recursos que esperan los intendentes.

Lo que en principio aparecía como una discusión técnica sobre el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo de la interna oficialista. Mientras la administración de Axel Kicillof impulsa que el total de los recursos sea distribuido de manera automática y sin intermediaciones, otros sectores del peronismo buscan preservar el rol de la Comisión Bicameral creada por la ley de endeudamiento para supervisar parte de esos desembolsos.

La falta de acuerdo ya produjo consecuencias concretas. El proyecto presentado por el presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, no logró avanzar en la comisión que preside Juan Pablo de Jesús y su tratamiento en el recinto quedó envuelto en incertidumbre. En paralelo, la tensión empezó a derramarse sobre otros temas sensibles de la agenda bonaerense, entre ellos la crisis del IOMA, que podría desembarcar en una sesión especial impulsada por la oposición.

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La controversia gira alrededor de los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, creado durante la negociación de la ley de endeudamiento sancionada a fines del año pasado.

La normativa estableció que el fondo se nutra con el 8% de los recursos provenientes de la deuda autorizada a la Provincia, con un piso garantizado de $250.000 millones para los municipios. Actualmente, el 70% de esos fondos se distribuye automáticamente mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante debe destinarse a proyectos vinculados con infraestructura, transporte y cultura.

Garciarena propuso que los municipios puedan utilizar libremente la totalidad de esos recursos, pero incorporó un elemento que terminó convirtiéndose en el principal foco de conflicto político: otorgarle a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda facultades para intervenir en la autorización de los desembolsos.

La iniciativa encontró respaldo en sectores de la oposición, pero también en dirigentes del massismo y de La Cámpora, que consideran que la Bicameral debe conservar las atribuciones previstas cuando se aprobó la ley.

El Gobierno rechaza que la Bicameral tenga poder sobre los fondos

Desde la Gobernación sostienen una posición diferente. El Ejecutivo bonaerense acepta discutir la libre disponibilidad del dinero para responder al reclamo de los intendentes, pero rechaza que la Bicameral tenga capacidad para habilitar o condicionar los envíos a los municipios.

La postura fue explicitada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien planteó que el esquema más razonable sería distribuir el 100% de los recursos mediante el CUD.

"Creo que se puede hacer más simple, decir que el 100% es de libre disponibilidad y se entregan por el CUD. Me parece que es la forma más razonable de que lleguen los fondos a los municipios de una manera equitativa", sostuvo el funcionario.

Detrás de esa discusión aparece una cuestión central de poder. En el Ejecutivo consideran que la creación de una instancia legislativa con capacidad de aprobar transferencias podría transformarse en una herramienta de presión política sobre el Gobierno provincial.

La posición, sin embargo, encuentra resistencias incluso dentro de Fuerza Patria. Desde sectores alineados con La Cámpora y el Frente Renovador entienden que la Bicameral fue incorporada a la ley precisamente para ejercer funciones concretas sobre la ejecución de esos recursos.

Los intendentes aceleran la presión por la caída de ingresos

Mientras la discusión política se profundiza, los municipios observan con preocupación el deterioro de sus cuentas. La caída de la coparticipación, la retracción de la actividad económica, la menor recaudación de tasas y la proximidad del pago del medio aguinaldo empujaron a numerosos jefes comunales a reclamar mayor flexibilidad para utilizar los fondos.

El pedido atraviesa a intendentes de distintos espacios políticos. Desde el Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRICDE) vienen insistiendo con la necesidad de contar con recursos de libre disponibilidad para afrontar gastos corrientes y obligaciones salariales.

No obstante, la discusión enfrenta otro obstáculo. Según fuentes legislativas, más de 100 municipios ya iniciaron los trámites para acceder al 30% de fondos destinados a programas de infraestructura, transporte y cultura. Por ese motivo, algunos sectores consideran que modificar ahora las reglas de distribución podría generar complicaciones administrativas y retrasos en la ejecución de proyectos ya presentados.

"Con la plata no vas a hacer cualquier cosa, no es que le estás regalando plata a alguien para que haga lo que se le cante. La idea es poder destinarlo a pagar sueldo, aguinaldo, temas sociales, temas institucionales o hacer una obra, es decir, si tenés todo ordenado y querés hacer una obra, podés hacerla sin tanto condicionamiento", dijo a GRUPOLAPROVINCIA.COM el intendente de Saladillo, José Luis Salomón. 

Ante la falta de consenso alrededor de la propuesta de Garciarena comenzaron a surgir iniciativas alternativas. El diputado radical Valentín Miranda presentó un proyecto que también impulsa la libre disponibilidad total de los recursos, aunque plantea que toda la distribución se realice exclusivamente mediante el CUD y sin intervención de la Bicameral.

Por su parte, el presidente del bloque PRO, Alejandro Rabinovich, elaboró una propuesta intermedia. Su iniciativa habilita el uso libre de la totalidad de los recursos, pero mantiene para la Bicameral funciones vinculadas al seguimiento, control y fiscalización de las transferencias.

En distintos sectores parlamentarios consideran que esa alternativa podría convertirse en una vía de negociación capaz de acercar posiciones entre los distintos espacios.

La crisis del IOMA entra en escena y suma tensión

La pelea por los fondos municipales comenzó además a cruzarse con otro frente sensible para el Gobierno bonaerense: la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

En la Cámara de Diputados tomó fuerza la posibilidad de avanzar con una sesión especial impulsada por bloques opositores para debatir proyectos relacionados con la obra social provincial.

La solicitud fue presentada por legisladores del PRO, la UCR, La Libertad Avanza, Unión y Libertad y la Coalición Cívica. Entre las iniciativas figura un pedido para que el presidente del IOMA, Homero Giles, concurra al recinto para brindar explicaciones sobre las dificultades que atraviesa el organismo.

Según trascendió en ámbitos legislativos, sectores de La Cámpora no descartan facilitar el tratamiento de ese pedido, en medio de la disputa que mantienen con el kicillofismo por el reparto de los recursos municipales.

La posibilidad agrega un nuevo elemento de incertidumbre a una agenda parlamentaria que ya se encuentra condicionada por las diferencias internas del oficialismo.