El crédito de US$57.100 millones del FMI quedó sin investigación penal: Casación cerró la causa contra Macri y sus exfuncionarios

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el cierre de la causa que investigaba presuntas irregularidades en el préstamo de US$57.100 millones acordado entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018. La decisión dejó firme el archivo del expediente que involucraba al expresidente y a varios de sus exfuncionarios, entre ellos Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Nicolás Dujovne.

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La resolución fue adoptada por la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, luego de que el fiscal general Raúl Omar Pleé desistiera de sostener el recurso con el que otros representantes del Ministerio Público Fiscal pretendían reabrir la investigación.

La causa buscaba determinar si existieron delitos durante la negociación, contratación y ejecución del acuerdo con el organismo internacional, así como posibles irregularidades en la utilización de los fondos. La hipótesis de los denunciantes apuntaba a establecer si parte de las divisas obtenidas mediante el endeudamiento había facilitado la fuga de capitales en perjuicio del Estado.

Con la decisión de Casación, el expediente quedó archivado después de una investigación que se extendió durante más de cinco años y atravesó distintas instancias judiciales.

Por qué la Justicia cerró la causa por el préstamo del FMI

El desenlace judicial estuvo marcado por la decisión del fiscal Raúl Omar Pleé de no continuar con la impugnación contra el archivo del expediente.

El representante del Ministerio Público Fiscal ante Casación consideró que las pruebas reunidas durante la investigación no permitían sostener una hipótesis delictiva concreta contra los funcionarios involucrados.

En su dictamen, cuestionó los fundamentos utilizados por los fiscales de las instancias anteriores y sostuvo que no se habían identificado medidas de prueba específicas capaces de modificar las conclusiones de los tribunales que ya habían intervenido.

Pleé también planteó que las discrepancias sobre las decisiones económicas de un gobierno no constituyen, por sí mismas, evidencia suficiente para acreditar delitos penales.

El fiscal entendió que los cuestionamientos al destino de los fondos no habían demostrado una infracción penal concreta y que las hipótesis planteadas no encontraban respaldo suficiente en los elementos incorporados al expediente.

Ese posicionamiento resultó determinante para la resolución final.

La Sala IV de Casación tuvo por desistida la presentación fiscal y dejó firme el cierre de la investigación, sin realizar un nuevo examen de fondo sobre las presuntas irregularidades denunciadas.

Macri, Caputo y Sturzenegger: quiénes estaban involucrados

La investigación tenía entre sus principales involucrados al expresidente Mauricio Macri y a funcionarios que participaron de su administración durante las negociaciones y la implementación del acuerdo con el FMI.

Entre ellos figuraban Luis Caputo, actual ministro de Economía del gobierno de Javier Milei, y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Ambos ocuparon la presidencia del Banco Central durante distintos períodos de la gestión de Cambiemos.

También estaban comprendidos el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el extitular del Banco Central Guido Sandleris, entre otros exfuncionarios y responsables de áreas económicas.

Los hechos investigados podían encuadrar, según las hipótesis presentadas en la causa, en posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos.

La investigación no avanzó hasta una instancia de juicio oral y los delitos denunciados no fueron judicialmente acreditados.

El cierre del expediente alcanza a las conductas investigadas en relación con el acuerdo de 2018 y su ejecución, sin implicar una evaluación judicial favorable o desfavorable de los resultados económicos de aquella política.

Cómo avanzó la causa desde febrero hasta octubre de 2026

El expediente atravesó distintas decisiones antes de llegar a la Cámara Federal de Casación Penal.

En febrero de 2026, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo del Juzgado Federal N.º 5, dispuso el archivo de la investigación al considerar que los elementos reunidos no permitían acreditar la existencia de los delitos denunciados.

El fiscal federal Franco Picardi se opuso a esa decisión y presentó una apelación para solicitar la continuidad de la causa.

Entre sus cuestionamientos figuraban presuntas irregularidades administrativas en el procedimiento utilizado para contraer el préstamo y en el manejo posterior de las divisas.

La discusión también comprendía el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo y la intervención del Congreso en la toma de endeudamiento externo.

En septiembre, la Sala I de la Cámara Federal porteña, con los votos de Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, confirmó el archivo dispuesto en primera instancia.

Los camaristas consideraron que, aun cuando podían existir objeciones sobre los procedimientos administrativos y las decisiones económicas adoptadas, la prueba reunida no alcanzaba para sostener una imputación penal.

Frente a esa resolución, el fiscal general José Luis Agüero Iturbe intentó llevar el caso a Casación.

El recurso fue declarado inadmisible y el representante del Ministerio Público presentó una queja para procurar la revisión de la decisión.

Sin embargo, cuando el expediente llegó a Casación, el fiscal Pleé resolvió desistir de esa presentación.

La determinación dejó sin impulso el recurso del Ministerio Público y fue uno de los elementos que condujeron al cierre del expediente.

El pedido de un particular para mantener abierta la investigación

La resolución también abordó la presentación realizada por Antonio Conrado De Martino, quien intentó intervenir en el proceso invocando su condición de ciudadano y contribuyente.

De Martino había adherido al recurso presentado por la Fiscalía y buscaba sostener la revisión del archivo.

Además, promovió planteos de recusación contra integrantes de la Sala IV y funcionarios del Ministerio Público Fiscal, al cuestionar su intervención en el expediente.

Los jueces rechazaron sus presentaciones porque consideraron que no estaba constituido como parte querellante y que no había acreditado un perjuicio directo y personal que justificara su intervención en esas condiciones.

El tribunal explicó que la adhesión a un recurso depende de la existencia de una impugnación principal válida. Como el recurso fiscal había sido declarado inadmisible y posteriormente desistido, el planteo del particular no podía sostener por sí mismo la revisión judicial.

La Sala IV también cuestionó expresiones incluidas en las presentaciones y dispuso remitir las actuaciones al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que evaluara la conducta profesional de su representante legal.

Qué se investigaba sobre los US$57.100 millones del FMI

El acuerdo firmado en 2018 entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional fue uno de los principales hechos económicos de la presidencia de Mauricio Macri.

El programa original contemplaba un financiamiento de US$50.000 millones, posteriormente ampliado hasta US$57.100 millones.

Ese último monto corresponde al total acordado con el organismo y no debe confundirse con los desembolsos efectivamente recibidos por Argentina.

La investigación penal examinaba las condiciones en las que se había contraído el préstamo y el destino de los recursos durante un período de fuertes tensiones cambiarias.

Uno de los puntos cuestionados por los denunciantes era si las divisas obtenidas mediante el acuerdo habían sido utilizadas de manera contraria a las normas aplicables o habían facilitado operaciones de salida de capitales.

Los fiscales que pretendían continuar con la investigación también habían señalado posibles incumplimientos administrativos y constitucionales en el proceso de contratación.

La postura finalmente sostenida por Pleé fue diferente: consideró que las irregularidades denunciadas y las discrepancias sobre la política económica no habían permitido demostrar la existencia de conductas penalmente relevantes.

El cierre judicial no elimina la deuda contraída por el país con el FMI ni modifica las obligaciones financieras vinculadas con el acuerdo. Su alcance se limita a la investigación penal sobre las responsabilidades denunciadas.

Qué significa el archivo de la causa y qué posibilidades quedan

La decisión de Casación confirmó el archivo que ya había sido dispuesto por el juzgado federal y ratificado por la Cámara Federal porteña.

Desde el punto de vista procesal, el tribunal dejó sin efecto la posibilidad de continuar la revisión mediante los recursos que estaban pendientes, después del desistimiento del representante del Ministerio Público Fiscal y del rechazo de los planteos del particular.

De esta manera, la investigación por el acuerdo de 2018 quedó cerrada respecto de los hechos examinados en el expediente.

El archivo no equivale a una sentencia absolutoria dictada después de un juicio oral, sino a la finalización de una investigación que no avanzó hacia esa instancia.

Una eventual reapertura requeriría fundamentos jurídicos específicos y la aparición de circunstancias que permitieran promover una nueva investigación, no simplemente reiterar los cuestionamientos ya examinados.

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La resolución pone fin a una etapa judicial iniciada por las denuncias sobre el mayor acuerdo de financiamiento celebrado por Argentina con el FMI en 2018 y deja sin continuidad las actuaciones penales que involucraban a Macri, Caputo, Sturzenegger y otros integrantes de aquella administración.