Zona Fría: Garate cuestionó la quita por falta de “criterio técnico”
Soledad Castellano
El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, cuestionó la quita del beneficio de Zona Fría y sostuvo que la decisión carece de criterio técnico. El jefe comunal advirtió que, según su estimación, la pérdida del descuento podría provocar aumentos de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas, y defendió el amparo presentado para reclamar la continuidad del régimen en el distrito.

Garate puso el foco en las consecuencias para la economía familiar y anticipó mayores dificultades para afrontar el servicio durante 2027. También manifestó preocupación por las subas de electricidad, que, según señaló, ya complican el pago de las boletas.
“El impacto sobre las familias es muy claro”, afirmó al referirse al gas. Su advertencia vinculó el costo del servicio con la necesidad de calefaccionar las viviendas en una región que, sostuvo, mantiene condiciones climáticas que justifican el tratamiento tarifario diferencial.
El clima de Tres Arroyos, eje del reclamo
El intendente consideró que la exclusión implica una discriminación entre regiones. Describió los inviernos del partido como extremos y remarcó que las bajas temperaturas también se extienden al final del otoño y durante la primavera.
“La toma de decisiones de esta ley no tiene ningún criterio técnico”, cuestionó. Según explicó, habitar en zonas con temperaturas extremas exige consumir más gas para alcanzar condiciones básicas de habitabilidad, una diferencia que, a su entender, debe contemplarse en las tarifas.
Garate recordó que en 2016 presentó un proyecto de resolución para solicitar la incorporación de Tres Arroyos al régimen. Según indicó, el Enargas reconoció entonces que el distrito reunía las condiciones climáticas necesarias.
“Estamos en condiciones climáticas de ser reconocidos aún”, remarcó.
Un amparo sustentado en las condiciones del distrito
El jefe comunal explicó que la presentación judicial busca sostener el beneficio con argumentos que exceden el planteo sobre la vulneración de derechos.
“Está fundamentado en condiciones climáticas y no sólo en la vulneración de derechos. Vamos más allá de la formalidad de la ley y vamos al fondo de la cuestión”, sostuvo.
Garate consideró que una eventual resolución favorable podría aportar antecedentes y argumentos para que otras localidades impulsen reclamos similares. Lo planteó como una posibilidad vinculada al resultado del amparo.
“No nos resignamos a que nuestros vecinos vivan peor”, expresó. Además, ratificó que utilizará las herramientas disponibles para reclamar que las decisiones nacionales contemplen las condiciones de vida de los pueblos del interior.

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