Una ley con dictamen y sin acuerdo: la interna que demora la reforma sanitaria bonaerense

La reforma sanitaria que impulsa Axel Kicillof sumó un nuevo obstáculo en el Senado bonaerense: el desacuerdo se transformó en una disputa dentro de Fuerza Patria. La senadora Malena Galmarini, del Frente Renovador, adelantó que no acompañará el proyecto en su redacción actual, mientras el jefe del bloque, Sergio Berni, se resiste a reabrir la negociación.

La vicegobernadora Verónica Magario quedó en medio de la pulseada después de que no se convocara la sesión prevista para el 20 de octubre. La discusión alcanza al Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), impulsado por el ministro Nicolás Kreplak.

La iniciativa ingresó en junio y obtuvo despachos favorables, con modificaciones, en Salud Pública y Legislación General el 1° y el 5 de octubre. Sin embargo, continúa al orden del día y no obtuvo media sanción. El acuerdo parlamentario ahora enfrenta nuevos condicionamientos.

Galmarini exige revisar el texto y Berni defiende el acuerdo

El massismo endureció su posición después de que intendentes cuestionaran las consecuencias del proyecto sobre hospitales y servicios locales. Galmarini fue explícita: “Nosotros el proyecto, así como está no lo vamos a votar”. Sostuvo que la propuesta perjudicaría a los sistemas municipales que sostienen buena parte de la atención sanitaria provincial.

La senadora propuso reunir a intendentes, legisladores y funcionarios provinciales antes de llevar el proyecto al recinto. Busca revisar qué responsabilidades asumirían las comunas, quién financiaría las prestaciones y cómo participarían los gobiernos locales en las decisiones.

Del otro lado, Berni defiende las modificaciones acordadas durante el trabajo parlamentario. En medio de los cruces, habría invocado un entendimiento con Cristina Fernández de Kirchner para sostener la versión que salió de las comisiones y advertido que no acompañaría nuevos cambios. Esa posición abrió otro frente con Magario, que recibió los pedidos para revisar el proyecto.

El cruce se desarrolló principalmente por mensajes. Magario trasladó los cuestionamientos al gobernador y Kicillof habría aceptado analizar una revisión final. Entre las alternativas figuran tratar nuevamente el texto en la Comisión de Presupuesto o introducir cambios en el recinto.

La tensión incluso llegó a la Cámara de Diputados. Legisladores del Movimiento Derecho al Futuro, del Frente Renovador y de La Cámpora conversaron sobre el conflicto con el titular del bloque peronista, Facundo Tignanelli, mientras se multiplicaban los contactos con el Senado.

Fuerza Patria reúne 24 senadores, una cifra que le permitiría reunir quórum y aprobar el proyecto por mayoría simple si mantiene la unidad. Pero las diferencias también dieron lugar a versiones sobre una eventual ruptura de bancada y una posterior discusión por la distribución de autoridades y cargos legislativos. Por ahora, la fractura no se concretó y tampoco hay una nueva fecha de votación confirmada.

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Los intendentes llevaron el reclamo al centro de la interna

Los cuestionamientos municipales anteceden a esta última confrontación. Intendentes identificados con el kicillofismo, el Frente Renovador y otros sectores venían reclamando garantías sobre la autonomía local y los recursos necesarios para sostener nuevas obligaciones sanitarias. Entre los nombres mencionados aparecen Federico Otermín, Federico Achával, Leonardo Nardini y Juan Andreotti.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, comentó que más de 15 jefes comunales habían discutido objeciones y trasladado observaciones técnicas a Galmarini. Aseguró que no habían sido consultados antes de que avanzara el proyecto.

Bevilacqua sostuvo que el texto no precisaba cuánto dinero recibirían los municipios, de qué manera se transferiría ni en qué plazos. Para el jefe comunal, sumar responsabilidades sin financiamiento definido comprometería presupuestos locales que ya afrontan mayores demandas. Por eso reclamó abrir una instancia de diálogo con los 135 intendentes bonaerenses.

Bevilacqua rechazó el proyecto de Kicillof para integrar la salud.

El mandatario también afirmó que la reforma coloca a los intendentes “como si fueran unos delegados, unos empleados de la gobernación”, e insistió en que su posición no respondía a una diferencia partidaria, sino a la defensa de las competencias municipales.

Las objeciones alcanzan el reparto de fondos, las condiciones para contratar y remunerar profesionales y el margen de cada distrito para decidir sobre sus servicios. La propuesta original ya fue modificada: se quitaron facultades provinciales sobre la ubicación de establecimientos y la autorización para abrir centros o incorporar prestaciones. También quedó establecida la adhesión voluntaria de municipios y privados a la red de atención.

Esas correcciones permitieron obtener los despachos, pero no cerraron la discusión sobre los recursos. El nuevo posicionamiento de Galmarini muestra que los reclamos de los intendentes pasaron de las conversaciones territoriales a condicionar de manera directa el voto de una parte del oficialismo.

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El rechazo opositor y la agenda sanitaria de Kreplak

La disputa interna se produce con La Libertad Avanza, el PRO, Unión y Libertad y Hechos–UCR Identidad posicionados contra la iniciativa. En los despachos de minoría, libertarios y macristas objetaron tanto las competencias que recibiría el Ministerio de Salud como las exigencias sobre prestadores privados, obras sociales y gobiernos municipales.

Los libertarios calificaron el esquema como una forma de “estatización forzada”, cuestionaron el pedido de padrones e información a financiadores de salud y advirtieron por posibles superposiciones de competencias. La senadora Analía Balaudo también criticó el tratamiento de datos personales y vinculó su rechazo con los problemas de atención del IOMA.

El PRO, en tanto, sostuvo que los establecimientos privados quedarían alcanzados por deberes de información, fiscalización y eventuales sanciones sin disponer de representación permanente en los principales órganos de coordinación. Sus objeciones persisten pese a que la redacción acordada en comisiones eliminó disposiciones que habían generado resistencia en el sector.

El SIPBA busca organizar una red de atención por niveles de complejidad y articular establecimientos públicos y privados, municipios y financiadores. Incluye además un registro provincial de financiadores y el Instituto Universitario Provincial de Salud Floreal Ferrara. Junto con esta ley espera tratamiento el proyecto para crear el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, destinado a ampliar la producción y provisión de medicamentos e insumos.

Mientras esas iniciativas siguen pendientes, Kreplak reunió este viernes 23 de octubre a representantes de gremios sanitarios para avanzar en el Segundo Plan Quinquenal de Salud 2027-2032. El programa contempla fortalecer la formación y carrera del personal, la participación comunitaria, la producción de insumos estratégicos y la integración de prestadores privados bajo objetivos sanitarios compartidos.

La convocatoria sindical corresponde a una planificación de largo plazo distinta de los proyectos que debate el Senado, aunque comparte el objetivo de ordenar la red de atención. Así, la Provincia continúa impulsando su agenda de integración sanitaria mientras permanece abierta la negociación política para aprobar el SIPBA. El desenlace dependerá de si el oficialismo consigue consensuar nuevas modificaciones sin perder los apoyos que había reunido en comisiones.