Peru: el Congreso pidio al Tribunal Constitucional interpretacion de causas para sacar a Castillo

El Congreso de Perú pidió al Tribunal Constitucional (TC) que haga una interpretación del artículo de la Constitución que establece las causas por las que un presidente puede ser removido del cargo, en el marco de la denuncia contra el mandatario Pedro Castillo presentada por la fiscal general, Patricia Benavides, en lo que parece ser una búsqueda de un resquicio legal que habilite el avance del plan de vacancia.
"Dada la controversia surgida y su innegable trascendencia constitucional y pública para la consolidación de nuestro estado de derecho, el Congreso solicita la delimitación interpretativa y conceptual del artículo 117 de la carta magna", señala el documento enviado al TC, según la radio limeña RPP.
Ese artículo no parece dejar dudas: establece que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria; impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134, o por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.
El martes pasado, Benavides presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo, al que señaló como líder una organización criminal enquistada en el Gobierno y dedicada a traficar con obras públicas para beneficio personal, entre otros actos de corrupción.
Si ese trámite avanza en el parlamento -que ya fracasó dos veces en la idea de destituir al mandatario aunque no a partir de una denuncia constitucional-, el presidente podría ser destituido o suspendido.
El punto es que para respaldar su acusación, la fiscal general no se apoyó en el artículo 117 de la Constitución, sino en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, lo que abre otro debate jurídico, porque no está claro si los acuerdos internacionales tienen en el país rango constitucional.
La denuncia parece apuntar a dos objetivos: que se le permita a la Fiscalía profundizar las acciones contra el presidente al margen de la inmunidad y que se potencie un juicio político ante los hechos de supuesta corrupción que probarían la "incapacidad moral" del gobernante.
La “incapacidad moral” sí está contemplada en el artículo 113 de la Constitución como causal de vacancia y, de hecho, fue usada para forzar la salida de otros mandatarios (Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020).
Para la Fiscalía, la suficiencia de los indicios que sustentan la denuncia constitucional se expresa en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales.
"Luego de haber realizado todas las diligencias de urgencia, podemos señalar que los indicios hallados constituyen para el Ministerio Público una sospecha fundada de la comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en los casos denominados Ministerio de transportes y Comunicaciones (Puente Tarata III), Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento", manifestó.
La defensa de Castillo, a su vez, presentó ayer ante la Corte Suprema un recurso conocido como "tutela de derecho" con el que busca anular la denuncia constitucional de Benavides.
La presentación de hoy del Congreso, en realidad, es una ampliación y variación de su demanda competencial -presentada el 10 de octubre- en la que solicita que incorpore dentro de sus pretensiones las acciones legales del Ejecutivo para intentar paralizar sus funciones de control político.
El titular del Congreso, José Williams, confirmó que se trata de una ampliación de un pedido de la semana pasada.
“Hay una ampliación que se ha enviado ayer, pero ya hace una semana que nosotros presentamos ese documento; lo que buscamos es que otros poderes del Estado no puedan tener injerencia sobre lo que es competencia exclusiva del Congreso, son tareas que le corresponden al Congreso y tiene que hacerla", indicó.
Desde el oficialismo se considera a Benavides una aliada de la oposición de derecha y hasta se la acusa de buscar apoyo mediático para sus propios problemas. Es la primera vez en la historia peruana que la Fiscalía investiga a un presidente en funciones. (Télam)