Fuerte rechazo judicial a la reforma laboral de Milei

El proyecto de reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei envió al Senado abrió un frente de conflicto político, judicial y sindical que suma rechazos en cadena. Jueces y abogados laboralistas coincidieron en cuestionar una iniciativa que, según denunciaron, avanza sobre derechos básicos, debilita el sistema de protección social y altera el funcionamiento histórico de la Justicia del Trabajo.

Desde el ámbito judicial, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) rechazó de manera “categórica” la propuesta oficial, en especial los artículos 90 y 91 del proyecto de Ley de Modernización Laboral.

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Según advirtieron, esos puntos avanzan hacia la “progresiva disolución” de la Justicia Nacional del Trabajo y afectan la independencia judicial. El comunicado fue firmado por la secretaria general María Carolina Ocampo y el presidente de la entidad, Andrés Basso.

“El texto resulta inadmisible en tanto implica atentar contra la vida del fuero nacional del trabajo”, señalaron, y reclamaron que cualquier modificación se realice “dentro de un marco de respeto institucional” que garantice la autonomía de los jueces. Además, alertaron que el artículo 90 obliga a magistrados de primera y segunda instancia a ajustarse a los fallos de la Corte Suprema, bajo amenaza de ser acusados por “mal desempeño”.

Abogados laboralistas: “Una eliminación lisa y llana de derechos”

Las críticas también llegaron desde la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), que expresó su “profundo rechazo” al proyecto. En un extenso comunicado, advirtió que la reforma “propicia la modificación y derogación de múltiples normas” que consagran protecciones esenciales para las personas que trabajan.

“Se trata de una lisa y llana eliminación de derechos laborales y de la seguridad social”, afirmaron, al enumerar impactos sobre el derecho de huelga, la jornada limitada, los descansos, la retribución justa y la protección de la integridad psicofísica. En ese sentido, cuestionaron la ampliación de la jornada laboral por carecer de “asidero ni fundamento” y por afectar la vida personal y familiar de los trabajadores.

La AAL también apuntó contra la introducción del concepto de “salario dinámico”, al considerar que “destruye el sentido igualador de la remuneración” y fomenta la competencia individual. “Se exacerba la posibilidad de que el empleador imponga su voluntad ilimitada”, sostuvieron. A su vez, rechazaron la preponderancia de la negociación individual por sobre los convenios colectivos y alertaron sobre un intento de fragmentación sindical.

En relación al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), los abogados lo definieron como un “negocio financiero” que permitiría subsidiar despidos a costa del sistema previsional. También denunciaron que el proyecto alienta la tercerización, excluye a trabajadores de plataformas digitales de protecciones laborales y deroga normas como el Estatuto del Periodista. “Vulnera la Constitución Nacional y normas internacionales”, concluyeron.

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La CGT y la calle como respuesta

Por su parte, en las últimas horas, el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, calificó como un “sincericidio” la confirmación del ministro Federico Sturzenegger de que la reforma será retroactiva y aplicará a todos los contratos laborales. “Terminan mintiendo después de semanas de negarlo”, afirmó.

Jerónimo definió el proyecto como “regresivo” y sostuvo que “prácticamente le saca todo tipo de protección a trabajadores y trabajadoras”. Además, rechazó las acusaciones oficiales que vinculan la protesta con intereses económicos y denunció la ausencia de diálogo. “Nunca quisieron sentarse con las contrapartes naturales”, remarcó.

En ese marco, la central obrera convocó a una movilización el próximo jueves a las 15 en Plaza de Mayo. “Es una forma de mostrar el descontento sin afectar a la gente”, explicó el dirigente, quien también cuestionó el Consejo de Mayo y el modelo económico del Gobierno, al advertir sobre la pérdida de empleo y el impacto de la apertura indiscriminada.

Mientras el oficialismo defiende la reforma como una modernización necesaria, el rechazo transversal anticipa un debate legislativo áspero y con fuerte resistencia social.