La CGT marcha el 18 contra la reforma laboral de Milei

La CGT oficializó este jueves su posición frente a la reforma laboral que impulsa Javier Milei y dio un paso que venía madurando desde hace semanas: convocó a una movilización masiva para el próximo 18 de diciembre en Plaza de Mayo. La protesta será a las 15 y, según adelantaron sus dirigentes, estará “abierta a toda la sociedad”.

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Tras la reunión del Consejo Directivo, el cotitular de la central obrera Jorge Sola afirmó que habrá “una movilización contundente” y anticipó que el gremialismo también librará “una pelea judicial” para frenar lo que consideran un retroceso profundo en derechos laborales.

“La reforma va en contra de los principios de los trabajadores. Va en contra de nuestra carta magna”, sostuvo Sola, quien advirtió que el proyecto podría ser declarado inconstitucional. El dirigente cuestionó el modo en que el Gobierno pretende tratarlo: “Quieren manejarlo entre gallos y medianoche, de espaldas al pueblo y sin una mesa de diálogo real”.

Críticas a la iniciativa oficial y alerta por el empleo

El discurso de Sola estuvo atravesado por cuestionamientos a la gestión económica del Gobierno. Señaló que la Argentina “está empobrecida, sin inversión” y denunció un panorama que calificó como “industricidio”. Según sostuvo, en los últimos meses “cayeron más de 18 mil pymes” y “400 trabajadores por día pierden su empleo formal”.

El diagnóstico gremial suma presión a un clima político ya enrarecido por la velocidad con la que el Ejecutivo busca avanzar con la reforma.

La estrategia cegetista: Congreso, calles y Justicia

Dirigentes de la CGT confirmaron que el plan de acción tendrá tres grandes ejes: presión parlamentaria, movilización callejera y acciones judiciales. Dentro de la central aseguran que “se pintaron la cara” y que la marcha será la primera señal de un despliegue más amplio contra la iniciativa.

Desde la conducción adelantaron que la movilización no se suspenderá aunque el proyecto no ingrese finalmente a las sesiones extraordinarias. El objetivo es evitar que la reforma avance en esta etapa y se postergue, al menos, hasta el período de sesiones ordinarias.

Tensiones internas y rosca sindical

La reunión de este jueves estuvo atravesada por tensiones entre sectores con miradas diferentes sobre la estrategia. El ala moderada apuesta a sostener la negociación política y parlamentaria, mientras que el sector más combativo presiona por acciones directas y visibles.

En la previa, un dirigente había anticipado que habría “rosca de palacio y de calle”, y el escenario pareció confirmarlo. Incluso se especuló con que la conducción podría optar por el silencio tras el encuentro, lo que finalmente no ocurrió.

Reunión con el Senado y apoyo del bloque peronista

Horas antes del anuncio de la marcha, los triunviros de la CGT —Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— junto al titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, se reunieron con el bloque peronista en el Senado. Allí recibieron el compromiso de rechazar la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.

Del encuentro participaron José Mayans, Mariano Recalde, Alicia Kirchner, Jorge Capitanich y Martín Soria, además de los diputados Vanesa Siley y Hugo Yasky. Todos coincidieron en que cualquier modificación laboral debe discutirse en el marco de las convenciones colectivas y no mediante un proyecto unilateral.

Los puntos más conflictivos de la reforma: Cambios en aportes sindicales y cuotas solidarias

La reforma laboral —que el Gobierno denomina “Ley de Modernización Laboral”— incorpora modificaciones que ya generaron fuertes resistencias en el mundo sindical. Entre ellas, la limitación de aportes obligatorios al sistema gremial.

El proyecto establece que las cuotas solidarias y otros pagos sindicales que alcanzan a trabajadores no afiliados solo podrán aplicarse con el consentimiento explícito del trabajador. Es uno de los puntos que la CGT considera más sensibles, ya que afecta directamente a la estructura de financiamiento de los gremios.

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Para la central obrera, la iniciativa es “un paso más en un ataque a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”, y su avance sin diálogo previo constituye un quiebre en la relación con el Gobierno.