Una de las querellas pidio 20 años de prision en carcel comun para el exgendarme Britos

El Tribunal Oral Federal (TOF) de La Rioja dio inició hoy a la etapa de alegatos del juicio en el cual se investigan delitos de lesa humanidad perpetrados en esa provincia durante el terrorismo de Estado, y la primera querella en exponer solicitó 20 años de prisión en cárcel común para el único imputado, el exalférez Eduardo Abelardo Britos.
La querella particular integrada por las abogadas Viviana y María Elisa Reynoso en representación de las víctimas Enrique Lanzillotto, Gabriela Cecilia Schaller, Lucila Antonia Maraga y Alberto Gómez; solicitaron hoy que se le imponga a Britos "la pena de 20 años de prisión con tratamiento en cárcel común de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta".
Durante la audiencia de hoy, las abogadas Reynoso expusieron durante más de tres horas la prueba de la materialidad de los hechos criminales y los fundamentos que sustentaron la calificación penal y pedido de pena para el imputado.
La querella encontró responsable a Britos de los delitos de aplicación de tormentos agravados y asociación ilícita, calificados como delitos de lesa humanidad "ocurridos en el marco del terrorismo de estado bajo el sello de la doctrina de seguridad nacional" y en perjuicio de las víctimas representadas.
La querella recordó que Britos fue jefe de Seguridad del Instituto de Rehabilitación Social (IRS) de La Rioja --cárcel que fue utilizada como centro de detención y tortura durante la dictadura- donde las víctimas fueron "sometidas a tortura encontrándose en estado de indefensión, desprotegidas y sometidas a la voluntad de sus captores bajo condiciones infrahumanas, sin saber cuál iba a ser su destino".
Las letradas describieron con detalle las torturas físicas y psicológicas perpetradas contra las víctimas en el IRS, lugar donde estuvieron ilegalmente en cautiverio bajo "condiciones inhumanas" que "minaron su estado de salud" a través de un "trato bestial".
Sobre esas condiciones inhumanas las letradas enumeraron, por ejemplo, la "nula atención médica", una "pésima alimentación", "todo tipo de torturas físicas hasta dejar inconsciente a las víctimas", "abusos sexuales", entre otras.
Antes de efectuar el pedido de pena, Reynoso pidió que se tenga en consideración, además, que los familiares de las víctimas también padecieron la represión ilegal, en tanto, "fueron ferozmente perseguidos".
En cuanto al delito de asociación ilícita, la querella sostuvo que los elementos presentados en esta causa son "más que suficientes" para tener por cierta la existencia de la misma en pos de llevar a cabo los delitos de lesa humanidad mencionados y probados a los largo del proceso judicial.
"La imputación penal contra Britos consiste en haber sido parte de la asociación ilícita destinada a llevar adelante los crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de La Rioja habiendo sido un engranaje fundamental en el aparato represivo estatal", afirmó Reynoso ante el tribunal.
La abogada fundamentó la figura del delito de asociación ilícita al exponer que "existió un acuerdo de voluntades entre un considerable número de agentes estatales con diversas jerarquías que se asoció ilícitamente con el propósito de llevar adelante un objetivo criminal constituido por la persecución, cautiverio, tortura y eliminación física de las personas" en La Rioja.
También destacó el carácter de funcionario público que ostentaba Britos al momento de los hechos, quien "no ha demostrado ningún tipo de arrepentimiento respecto de los delitos cometidos", señaló.
Asimismo, en el transcurso de la audiencia la querella expuso que "el blanco por excelencia de la dictadura en La Rioja fue la iglesia, la pastoral de (obispo Enrique) Angelelli", en un accionar represivo ilegal que "incluyó tanto a religiosos como a laicos comprometidos".
Las abogadas circunscribieron los hechos delictivos imputados a Britos en el marco de todo el aparato represivo implementado durante el terrorismo de estado y "bajo el sello de la doctrina de seguridad nacional".
"El 'enemigo' pasó a ser todo el que quisiera un cambio, la heterogeneidad de las víctimas fue inmensa: se avanzó sobre militantes políticos, universitarios, sacerdotes tercermundistas, los laicos comprometidos, maestros de escuela, periodistas, dirigentes sindicales y culturales", sostuvo Reynoso.
Al término de la audiencia, el presidente del tribunal, José Camilo Quiroga, anunció que el próximo 6 de octubre a las 9.30 se dará lugar al alegato de la querella que representa al Obispado de La Rioja y la familia Pedernera.
Durante este proceso judicial también se lo acusa a Britos de ser autor intelectual del asesinato del dirigente campesino Wenceslao Pedernera y de múltiples crímenes cometidos contra más de 30 presos políticos, como allanamientos ilegales, imposiciones de tormentos agravados, privación ilegitima de la libertad agravada, tentativa de violación y delitos sexuales y asociación ilícita. (Télam)