La expresidenta de facto Áñez opto por no declarar sobre las masacres de Sacaba y Senkata

La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez hizo hoy uso de su derecho a no declarar en una audiencia celebrada en el marco del proceso en su contra por las masacres de Sacaba y Senkata, perpetradas en el marco de las protestas postelectorales de 2019.
"Me voy abstener de declarar, en su momento voy a ampliar mi declaración. Sin embargo quiero decir que soy una persona de fe que no ordenó la muerte de ninguna persona ni en Sacaba ni en Senkata", dijo Añez, según un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.
"Estoy cansada de tanta manipulación de la justicia y de tantas mentiras que se dicen en mi contra", añadió.
"Se ha dado a conocer a la declarante todos los hechos (...) sin embargo, la misma, en el curso de la audiencia, ha hecho uso del derecho constitucional de abstenerse de prestar su declaración informativa, con lo que hemos dado por concluido el actuado procesal", informó por su parte el fiscal Gonzalo Aparicio, según el diario La Razón.
La ciudad de Sacaba, en el departamento central de Cochabamba; y el barrio Senkata, en la ciudad de El Alto, son dos de los lugares donde operaciones represivas de militares y policías causaron una treintena de civiles muertos en los primeros días del mandato de Áñez.
El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta. denunció ayer públicamente que esas matanzas se realizaron con armamento que el Ejecutivo argentino a cargo por entonces por Mauricio Macri habría proporcionado al Gobierno de facto.
En un informe preliminar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó a la represión en ambas ciudades de "masacres".
Áñez iba a ser interrogada por primera vez en condición de expresidenta, pues los hechos denunciados como masacres ocurrieron en su ejercicio de la Presidencia, a diferencia del juicio penal ordinario por el que cumple detención preventiva, en el que está acusada en su condición de exsenadora.
La exgobernante de facto enfrenta cargos de sedición, autoría de golpe de Estado contra el entonces mandatario boliviano Evo Morales y violación de la Constitución, entre otros.
La demanda de juicio de responsabilidades por genocidio fue presentada por 20 familiares de muertos y heridos en esas masacres políticas de 2019, en las que los militares intervinieron amparados en un decreto de Áñez que los liberó anticipadamente de responsabilidades penales. (Télam)