El Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos habilitaron un canal destinado a recibir denuncias de trabajadores de la educación y padres que hayan recibido presión para que sus hijos concurran a las escuelas y reciban clases de modo presencial, a contramano de las medidas dispuestas por el gobierno nacional para moderar el contagio de coronavirus en la población, se informó hoy.
La decisión oficial "se da frente a las crecientes consultas y reclamos de familias y trabajadores del sistema educativo que optan por no asistir a las escuelas y respetar la resolución dispuesta por el Consejo Federal de Educación, que determinó que, en caso de alerta epidemiológica, se suspende transitoriamente y en la mínima unidad geográfica posible, la presencialidad de acuerdo al DNU vigente", se explicó en un comunicado.



Las denuncias serán recibidas por la Secretaría de Derechos Humanos a través del teléfono gratuito 0800-122-5878, del Whatsapp (011) 4091-7352 y del correo electrónico dnpcvi@jus.gov.ar.
Tales vías de contacto, señaló el comunicado, permitirán a las familias, docentes y no docentes "realizar denuncias ante diferentes abusos de las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza hacia aquellas familias y trabajadores que decidan no concurrir a los establecimientos educativos en aquellas zonas de alerta o de alarma epidemiológica".
"Con el fin de resguardar el derecho humano de todas las personas a una educación y un trabajo con salud, el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Educación, recibirá las denuncias pertinentes y llevará adelante las acciones que correspondan", explicaron las autoridades.

La decisión oficial "se da frente a las crecientes consultas y reclamos de familias y trabajadores del sistema educativo que optan por no asistir a las escuelas y respetar la resolución dispuesta por el Consejo Federal de Educación, que determinó que, en caso de alerta epidemiológica, se suspende transitoriamente y en la mínima unidad geográfica posible, la presencialidad de acuerdo al DNU vigente".

La Secretaría de Derechos Humanos manifestó además que, "desde la vigencia de las disposiciones mencionadas, los reclamos más frecuentes de las familias han sido: sanciones a través del cómputo de inasistencias o la puesta en riesgo de sus vacantes, como así también la falta de garantía del cumplimiento de clases a distancia para mantener la continuidad pedagógica de niñas, niños y adolescentes".



Los docentes y no docentes, conforme a ese organismo, manifestaron haber sido apercibidos con el descuento de haberes , incluso ofreciendo trabajar a la distancia, y con "fuertes amenazas" para conservar sus fuentes de ingreso. (Télam)