Miembros de cooperadora intervenida por Gobierno porteño denuncian violencia y alertan sobre bienes

Directivos de la Cooperadora de la Escuela 8 Alvarez Thomas, intervenida por el Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, denunciaron hoy que funcionarios de la Ciudad tomaron posesión de instalaciones de la entidad con métodos violentos y manifestaron su preocupación por los bienes, entre los que se encuentran un fondo de garantía de 24.000.000 de pesos.
Integrantes de la Cooperadora fueron respaldados por el bloque del Frente de Todos de la Legislatura, cuyos miembros les manifestaron que estudiarán "la implementación de medidas legales en resguardo de los derechos de la comunidad y de los bienes materiales de la escuela", informó un comunicado de la bancada de legisladores.
"Hemos presentado una declaración de rechazo a la intervención y un pedido de informes al Ejecutivo. También presentamos una solicitud al Jefe de Gobierno para que explicite los motivos de la intervención, con la documentación respaldatoria", dijo la legisladora Lorena Pokoik, vicepresidenta de la Comisión de Educación.
Paula Insaurralde, integrante de la Cooperadora, destacó durante la reunión con los legisladores que al día siguiente de informada la intervención, funcionarios del Ministerio de Educación porteño "se hicieron presentes en la escuela y violentaron la cerradura de la sala de la cooperadora, a pesar de que el presidente estaba presente en ese momento y se ofreció ir a buscar las llaves de la sala".
Insaurralde, junto a otros integrantes de la Cooperadora, coincidieron en que "no hay razones administrativas ni contables que justifiquen la medida de intervención, pero que sí hay razones políticas".
Entre ellas mencionaron "la capacidad de gestión de la Asociación; su pileta propia, gracias a la cual los chicos y chicas pueden tener más horas de natación que el plan oficial; y su comedor autogestionado, que ofrece comida de mejor calidad que la del servicio de concesiones privados del gobierno porteño".
Indicaron que el gobierno de la Ciudad ya había intentado "arrebatarles el control de la pileta y una acción de amparo presentada por los padres detuvo la medida".
Precisaron que existe "un informe de la auditoría interna del Ministerio, fechado en abril de 2020, señalando deficiencias que son responsabilidad del gobierno de la Ciudad, y no de la cooperadora, y que, pandemia mediante, fue imposible responder al requerimiento e implementar ningún plan de readecuación".
Los miembros de la cooperadora manifestaron además su preocupación por los bienes materiales de la escuela, que hoy están intervenidos, entre los que se encuentran "un fondo de garantía de 24.000.000 de pesos"; y por el resguardo de los derechos de los trabajadores del comedor autogestionado.
El conflicto arrancó en 2017 cuando el Gobierno de la Ciudad reformuló el Plan Natación de la escuela, lo que restringió las clases para los alumnos del nivel inicial y de primaria, por lo cual la cooperadora judicializó la medida que tuvo, semanas atrás, un fallo definitivo "que ordenó restablecer el derecho a aprender a nadar a dichos niños".
La legisladora Lorena Pokoik, vicepresidenta de la Comisión de Educación, se comprometió en la reunión a "seguir de cerca esta situación y a estar en constante diálogo con los integrantes de la cooperadora".
El bloque de legisladores porteños opositores al Gobierno de la Ciudad manifestó que "quedó en consideración la participación de diputados del Frente de Todos el viernes próximo, el día en que se distribuyen alimentos a la comunidad educativa en las escuelas"
En este aspecto acordaron que las y los miembros de la Cooperadora "también participarán en la próxima reunión de diputados de la Comisión de Educación de la Legislatura"; y que se estudiará la implementación de medidas legales en resguardo de los derechos de la comunidad y de los bienes materiales de la escuela. (Télam)