Entrevista GLP. Inseguridad “preocupante”, problemas de infraestructura y tasas “exorbitantes” en Dolores: afirman que Juan Pablo García gobierna para “la foto”

Hace pocos días te contábamos sobre las críticas al intendente de Dolores, Juan Pablo García, por recurrir al “clientelismo político” y no cumplir con lo anunciado a los vecinos. En esta segunda parte de nuestra entrevista con Milena Suárez, la referente de La Libertad Avanza (LLA) en el distrito se refirió al problema “preocupante” de la inseguridad.

–¿Nota que hay un despilfarro de los recursos municipales por parte del intendente?

Digamos que hay un doble discurso, que en la práctica uno no lo ve. No ve, por ejemplo, en el tema seguridad, no ve la inversión que se necesita, y sí se utiliza para todas las cuestiones que tienen que ver con fachadas. Es cuando las gestiones se transforman en una constante campaña política, que es la foto de portada, de comunicación y de vendar la gestión, pero en la práctica uno ve que se han tomado los recursos del Consejo Escolar por medio de un convenio, que nosotros también consideramos que es inadecuado. Pero, más allá de eso, los chicos siguen sin tener clases en algunas de las escuelas.

Por otro lado, el tema de la inseguridad es un tema bastante preocupante. Nosotros, por ejemplo, tenemos un local partidario en pleno centro. Hemos sufrido un hecho delictivo y no tenemos cámaras. Y te estoy hablando de que estamos a cien metros de los bancos principales, a 200 metros de la Municipalidad. Las cámaras no funcionan. Hay una especie de oleada de delitos a los cuales no estábamos acostumbrados en la ciudad.

Así que en las cuestiones importantes que tienen que ver con la seguridad, con ciertas cuestiones de infraestructura que son profundas, que no se ven, hoy yo no estoy notando los cambios. No lo digo desde un lugar meramente de oposición y de poner un palo en la rueda, sino en la práctica.

Nosotros hemos acercado un proyecto de reducción de la tasa de alumbrado público que se cobra a través de la factura de EDEA. Es un convenio que tiene el municipio con la empresa, que lo permite, por supuesto, una ley provincial, que es la ley 10.740, pero lo cierto es que el municipio puede desajustar o variar ese porcentaje, que hoy es un porcentaje bastante considerable, teniendo en cuenta el aumento y el sinceramiento de tarifas que está habiendo. Y que debe ser de esta manera, pero el municipio toma fondos que son exorbitantes, que no son adecuados.

Y lejos de ver que hay una intención de favorecer o de elaborar estrategias, por ejemplo, reducir impuestos de tasa de seguridad e higiene para los comerciantes que se adhieran, a poder tener una reducción de esta tasa de alumbrado, tampoco hay una apertura en ese sentido. Como tampoco, por ejemplo, en la propuesta de incluir la prestación de PAMI en el hospital público.