El Gobierno de Milei interviene la Defensoría del Público y desplaza a Miriam Lewin
El organismo fue creado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Al frente de la intervención se encuentra Soher El Sukaria, ex diputada del PRO.
El gobierno de Javier Milei ha tomado la decisión de intervenir la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, removiendo a su titular, Miriam Lewin, y nombrando a la ex diputada nacional del PRO, Soher El Sukaria, como interventora.
La intervención, respaldada por los presidentes del Senado, Victoria Villarruel, se concretó aprovechando que la Comisión Bicameral no realizó a tiempo el nombramiento del presidente o de la presidenta del organismo.
Los argumentos presentados por el gobierno para justificar esta intervención se basaron en presuntas "irregularidades" dentro del organismo, destacando la creación en 2020 del Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales, conocido como NODIO, lo que habría provocado un aumento en la contratación de personal, gastos operativos y financiamiento de publicaciones.
"El rosto del totalitarismo"
Desde el Ejecutivo nacional señalaron que el verdadero propósito del Observatorio "era estigmatizar y perseguir a periodistas y ciudadanos" con ideas contrarias a la administración anterior. Esta intervención se enmarca en una narrativa crítica hacia los medios, que también fue promovida por el presidente Milei, quien en su cuenta de X acusó a la prensa de ser "el rostro del totalitarismo" y amenazó con que "si mienten, las personas tienen derecho a controlar si dicen la verdad."
¿Quién es Soher El Sukaria?
El nombramiento de Soher El Sukaria como interventora ha generado controversia debido a su falta de experiencia en medios de comunicación y en la defensa de los derechos de las audiencias. Hasta el 2023 se desempeñó como diputada nacional del PRO y en el último tiempo había ejercido el cargo de concejal de la Ciudad de Córdoba.
La intervención de la Defensoría del Público por 180 días ha sido vista por sectores críticos como un ataque a la normativa vigente en derechos de las audiencias.
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