El ex número dos de ANDIS apuntó contra Spagnuolo
El ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Daniel María Garbellini, presentó un extenso descargo ante la Justicia en el que negó haber participado en maniobras de corrupción y apuntó de manera directa contra el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, a quien acusó de haber “asumido la suma del poder”.
La presentación fue realizada en el marco de la causa penal que investiga presuntas irregularidades en la compra de medicamentos, con supuestos sobreprecios y direccionamiento hacia un grupo reducido de droguerías.
Versiones cruzadas en la cúpula del organismo
Con este escrito, quedaron expuestas versiones contrapuestas entre las dos máximas autoridades que tuvo la ANDIS al momento de los hechos investigados. Spagnuolo había sostenido previamente ante la Justicia que las compras observadas “dependían exclusivamente” de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, cuyo titular —según su versión— no había sido designado por él.
Garbellini desmintió esa afirmación y reconstruyó en detalle su llegada al organismo. Según relató, fue el propio Spagnuolo quien lo convocó telefónicamente a fines de mayo de 2024, tras revisar su currículum, y lo citó a una entrevista en la sede de la calle Dragones, donde funcionaba la Agencia.
Cómo llegó Garbellini a la ANDIS
En su descargo, el exfuncionario explicó que asumió formalmente en junio de 2024 y detalló el proceso de su designación, mencionando a exfuncionarios que —según indicó— pueden dar fe de cómo se produjo su incorporación a la estructura del organismo.
También reconoció que, en paralelo, mantuvo un trabajo “part time” como asesor legal en la Obra Social del Personal de Seguridad e Investigaciones Privadas (OSPSIP), un dato que ya había sido consignado por el fiscal Franco Picardi en uno de sus dictámenes.
El rol de Roger Grant y el sistema de compras
Garbellini confirmó además que en esa obra social trabajó con Roger Grant, otro de los imputados en la causa, quien luego ingresó a la ANDIS para administrar el sistema de compras SIIPFIS. A través de ese mecanismo se realizaban compulsas de precios abreviadas con un grupo acotado de droguerías, entre ellas Génesis, Profarma, New Farma y Floresta.
La fiscalía investiga si esas firmas habrían sido seleccionadas de manera discrecional y con valores por encima de los de mercado.
La versión de Garbellini sobre las compras investigadas
En el escrito de más de 30 páginas presentado ante el juez Sebastián Casanello, Garbellini sostuvo que, al asumir, el programa de medicamentos de alto costo se gestionaba de forma precaria, mediante cotizaciones enviadas por correo electrónico y registradas en planillas sin trazabilidad institucional.
Según su defensa, la implementación del sistema SIIPFIS tuvo como objetivo ordenar y transparentar los procesos de compra del programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social.
“Spagnuolo asumió la suma del poder”
Uno de los ejes centrales del descargo fue la estructura de poder dentro de la ANDIS. Garbellini afirmó que Spagnuolo concentraba todas las decisiones relevantes: desde el proceso administrativo hasta la firma de actos, el manejo de recursos humanos, los dictámenes jurídicos y los accesos a los sistemas informáticos.
En ese sentido, aseguró que nunca tuvo autorización para ordenar pagos ni contó con firma digital para aprobar gastos, y que su vínculo con el exdirector fue siempre “laboral y cordial”, aunque lo describió como una persona “ocupada, nerviosa y apurada”.
La defensa sobre los precios y las urgencias médicas
Respecto de las sospechas por sobreprecios, Garbellini justificó el uso de compulsas abreviadas por la necesidad de atender urgencias médicas vinculadas a patologías graves, donde una licitación tradicional podría poner en riesgo la vida de los pacientes.
También explicó que los precios adjudicados se comparaban con manuales farmacéuticos y que no pueden equipararse con compras mayoristas de hospitales o del PAMI, ya que el programa Incluir Salud adquiere medicamentos específicos para cada paciente y debe garantizar su entrega en todo el país.
Pedido de pruebas y situación patrimonial
Para cerrar, el exfuncionario solicitó diversas medidas de prueba, entre ellas la citación de responsables de áreas técnicas y legales, informes sobre reclamos judiciales que motivaron compras urgentes y peritajes sobre su situación patrimonial.
En ese punto, afirmó que sus ingresos provienen de su actividad profesional y negó cualquier enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública, mientras la causa continúa bajo investigación judicial.