La Justicia exige que Fabiola Yañez entregue su celular
La investigación por violencia de género que enfrenta el expresidente Alberto Fernández ha dado un paso significativo. La Justicia solicitó que Fabiola Yañez, ex primera dama y principal denunciante en el caso, entregue su celular para un análisis forense.
Esta medida, impulsada por el fiscal Ramiro González, busca acceder a información clave almacenada en el dispositivo, como mensajes y contactos, que podrían ser determinantes para el avance de la causa.
Yañez, quien actualmente reside en Madrid, España, manifestó su disposición a colaborar con la investigación, ofreciendo su teléfono para que sea revisado. Según se ha indicado, el procedimiento consistiría en que Yañez entregue el dispositivo a las autoridades españolas, quienes se encargarían de realizar la extracción de datos antes de enviar la copia forense a la fiscalía en Argentina.
Avance de la investigación
En paralelo, el fiscal González ha citado a declarar a varias personas cercanas a Yañez y Fernández, entre ellas, la modelo Sofía Pacchi, quien fue mencionada en la declaración de Yañez como parte de los intercambios que desencadenaron una de las agresiones por las cuales se investiga al expresidente.
Pacchi deberá presentarse ante la Justicia el próximo 12 de septiembre, mientras que otros testigos también han sido llamados a testificar en las próximas semanas.
Tensión legal
El avance de la investigación ha generado nuevas tensiones legales con Alberto Fernández solicitando que el caso sea trasladado a la justicia federal de San Isidro, argumentando que los hechos denunciados ocurrieron en dicho territorio.
Sin embargo, el juez Julián Ercolini decidió que el expediente permanezca en los tribunales de Comodoro Py, siguiendo el criterio del fiscal González, quien afirmó que los episodios de violencia comenzaron en la ciudad de Buenos Aires y se han desarrollado a lo largo del tiempo.
El fiscal subrayó que lo que se investiga es una conducta de violencia de género sostenida en el tiempo, basada en una relación de poder asimétrica y desigual, lo que justifica la continuidad del caso en la jurisdicción actual.