ATE denuncia que la Ley Bases viola la estabilidad en el empleo público

El gremio de trabajadores estatales ATE elevó una demanda ante la Justicia Nacional del Trabajo para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Bases, aprobada a fines de junio, que modifican la Ley de Empleo Público. En su presentación, pidieron una medida cautelar que suspenda de manera inmediata su aplicación, alegando que podría dar lugar a despidos arbitrarios.

Según el documento presentado, al que tuvo acceso el diario Ámbito, la demanda se centra en la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (modificado por el artículo 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, así como sus reglamentaciones. Específicamente, ATE impugna el artículo 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el artículo 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002, por considerar que afecta gravemente el derecho a la estabilidad en el empleo público.

Críticas a la Ley Bases y al Gobierno de Javier Milei

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, criticó duramente la Ley Bases y acusó al gobierno de Javier Milei de violar la Constitución Nacional. “La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. Su inconstitucionalidad es manifiesta y contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, afirmó Aguiar.

Aguiar señaló que la implementación del megaproyecto habilitaría al oficialismo a pasar a disponibilidad a aproximadamente 125.000 trabajadores, según estimaciones de fuentes oficiales, lo que podría derivar en despidos masivos. "El pase a disponibilidad automática, con la merma salarial que conlleva, la pérdida de derechos derivados de la relación laboral de empleo público, genera a los trabajadores y trabajadoras afectados un perjuicio grave e irreparable", denunció.

La amenaza a la estabilidad del empleo público

La demanda de ATE sostiene que el Gobierno de Milei está sentando las bases para la destrucción del empleo público y, en consecuencia, del Estado mismo. “El Estado es el único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”, argumentó el gremio en su escrito.

El documento también acusa al Ejecutivo de violar varios artículos de la Constitución Nacional, incluyendo los artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22. Según el gremio, estas acciones destruyen el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.

Solicitud de medidas de no innovar

Ante esta situación, ATE solicitó a la Justicia una medida de no innovar para frenar la implementación de la Ley Bases hasta que se resuelva la cuestión de fondo. El gremio argumenta que las normas impugnadas son inconstitucionales y afectan de manera ilegal y arbitraria los derechos de los trabajadores estatales, quienes tienen derecho a la estabilidad laboral, su carrera administrativa y su proyecto de vida.

Aguiar cuestiona la "discrecionalidad" del Gobierno

El líder gremial también criticó la "discrecionalidad" de las autoridades para determinar la dotación óptima de personal en los organismos del Estado. "Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador o presidente", sentenció Aguiar.

El dirigente afirmó que los empleados estatales no deben ser utilizados como "botines de guerra por cada una de las gestiones políticas" y pidió la suspensión del cumplimiento de la Ley Bases en lo que respecta a la normativa de empleo público.

Exigen información a la Secretaría de Transformación del Estado

Además, el sindicato presentó una solicitud ante la Secretaría de Transformación del Estado, dirigida por Federico Sturzenegger, para que informe sobre:

-La cantidad de trabajadores en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desglosada por organismo, antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario.
-Las desvinculaciones de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde la implementación de la nueva normativa.
-La existencia de informes sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.

ATE y su legitimidad para accionar judicialmente

ATE sostiene que está legitimado para accionar en función del artículo 43 de la Constitución Nacional, que permite a las personas y asociaciones la tutela judicial de derechos subjetivos y de derechos de incidencia colectiva. Con base en ello, solicitan la suspensión de la aplicación de la nueva regulación.