Bullrich activa protocolo para frenar huelgas en empresas
Bullrich lanza un protocolo que permite a las fuerzas de seguridad intervenir en bloqueos a empresas, chocando con el derecho a huelga. ¿Qué dice la nueva norma?
Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad en el gobierno de Javier Milei, oficializó este martes un controversial Protocolo Antibloqueos que apunta a limitar las protestas y bloqueos en establecimientos productivos y de servicios. La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo la Resolución 901/2024, permite la intervención de las fuerzas de seguridad en situaciones que dificulten el normal desarrollo de las actividades empresariales.
Según el comunicado del Ministerio de Seguridad, el objetivo es "proteger la libertad de comercio e industria contra toda turbación ilegítima", haciendo referencia al artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza a los ciudadanos el derecho a trabajar y a disponer de su propiedad. Este protocolo ha generado tensiones con los sindicatos, quienes ven en la medida un ataque directo al derecho a huelga consagrado en el artículo 14 bis de la misma ley.
La intervención de las fuerzas de seguridad
Uno de los puntos más polémicos del protocolo es la habilitación de las fuerzas federales para intervenir en bloqueos o amenazas de bloqueo a empresas. Según la resolución, "si las autoridades locales solicitan ayuda, la máxima autoridad evaluará la necesidad y la oportunidad de brindar el auxilio solicitado". Esto implica un control centralizado por parte del Ministerio de Seguridad, que se encargará de coordinar con la Secretaría de Trabajo y los afectados por el bloqueo.
Además, la resolución contempla la recopilación de pruebas por parte de las fuerzas de seguridad, quienes deberán identificar a los responsables y participantes para que la justicia penal tome las acciones correspondientes. "Se garantizará el ingreso y egreso de personas y mercancías a los establecimientos afectados, frenando cualquier intento de paralización", detalló el ministerio.
Denuncias y canales habilitados
El protocolo también establece una vía directa para que las empresas puedan denunciar bloqueos de forma ágil. Las denuncias podrán realizarse telefónicamente a través de la línea 134, por WhatsApp al número (11) 3852-4561 o por correo electrónico a bloqueos@minseg.gob.ar. Una vez recibida la denuncia, el Ministerio de Seguridad evaluará su veracidad y, si corresponde, instruirá a las fuerzas de seguridad para que actúen de inmediato.
En palabras de Bullrich, "la medida es clave para proteger el flujo normal de la actividad económica, especialmente ante amenazas inminentes". Con este nuevo marco, se busca desarticular de manera rápida y efectiva cualquier acción que afecte la producción en las industrias, señalando que “la libertad de trabajo no puede ser vulnerada”.
Reacción de los gremios
No tardaron en llegar las respuestas desde los sectores sindicales. Los gremios más activos, como el liderado por Hugo Moyano, ya manifestaron su rechazo a la medida, argumentando que representa "un cercenamiento del derecho a protesta". Para los sindicatos, este protocolo es una herramienta que criminaliza las medidas de fuerza, afectando el derecho de los trabajadores a exigir mejores condiciones laborales.
"El gobierno de Bullrich busca imponer un sistema represivo para silenciar nuestras demandas", expresó un vocero del sindicato de camioneros. "No vamos a permitir que avancen sobre nuestros derechos". Ante esta postura, el escenario de conflicto entre el gobierno y los gremios parece intensificarse, especialmente considerando los antecedentes de los bloqueos en sectores estratégicos como la logística y el transporte.
Un panorama de tensión
El nuevo protocolo antibloqueos añade un capítulo más en la confrontación del gobierno de Javier Milei con los gremios. La administración de Milei ya había señalado la necesidad de un "orden productivo" para garantizar el funcionamiento pleno de la economía, priorizando el interés de las empresas sobre las medidas de fuerza.
Con este nuevo instrumento legal, las fuerzas de seguridad cuentan ahora con un respaldo más claro para actuar en situaciones de conflicto, lo que puede llevar a un aumento de la conflictividad social en los próximos meses.
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