Debate en Diputados por la ley de venta de niños: tensión y posibles demoras
Mañana, a las 17:30, las comisiones de Legislación Penal y de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados se reunirán para avanzar en la discusión del proyecto de ley que penaliza la venta y entrega de menores de edad. El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, impone penas de prisión de 5 a 15 años para aquellos que participen en la comercialización o entrega de niños, independientemente de si existe una transacción económica de por medio.
El contexto del proyecto y su urgencia
El caso Loan, un niño desaparecido en Corrientes, aceleró el tratamiento del proyecto en el Congreso. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado, pero enfrenta complicaciones en la Cámara Baja. A pesar de la urgencia manifestada por distintos sectores sociales y la Red por la Infancia, la sanción definitiva podría retrasarse debido a diferencias entre bloques opositores y oficialistas.
El proyecto busca cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso "Fornerón e Hija vs. Argentina". La CIDH instó al país a tipificar la venta de menores como delito autónomo, algo que Argentina adeuda desde hace más de 20 años. El fallo exige que el acto de entregar a un niño a cambio de una retribución sea considerado una infracción penal, en línea con los estándares internacionales.
Posturas en tensión: diferencias entre bloques y posibles cambios
El tratamiento del proyecto se presenta en un escenario de tensiones. El bloque de Unión por la Patria (UxP) insiste en eliminar el término “ilegítimamente” del artículo que describe la entrega de menores, argumentando que la redacción actual podría complicar la aplicación de la ley. A su vez, la Unión Cívica Radical (UCR) pide suprimir el párrafo que incluye la entrega de menores con fines adoptivos, ya que consideran que esto podría confundir la tipificación de la adopción con la trata de personas.
El diputado Martín Soria, de UxP, sostuvo que “es una deuda del Estado argentino la tipificación de la sustracción y comercialización de menores de edad. No podemos demorar más esta ley, pero debemos garantizar que su redacción sea justa y precisa”. En contraste, la senadora Carolina Losada (UCR), autora del proyecto original, advirtió sobre los riesgos de introducir modificaciones que podrían dilatar su aprobación definitiva.
Proceso legislativo y escenarios posibles
Si se logra un dictamen favorable mañana, el proyecto deberá ser tratado en el recinto de Diputados para su votación. Sin embargo, las modificaciones propuestas por la oposición obligarían a que la iniciativa regrese al Senado para una segunda revisión, lo que podría retrasar la sanción de la ley.
Según fuentes legislativas, en el seno del plenario persiste el temor de que, ante la falta de consenso, se presenten varios dictámenes. "Sería un retroceso para el debate y una dilación innecesaria en la aprobación de una ley que el país necesita con urgencia", declaró una legisladora de la oposición.
En paralelo, el titular de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, destacó la importancia de actualizar el Código Penal argentino, que cuenta con más de 100 años de vigencia. “Es fundamental adecuar nuestra legislación a los desafíos actuales y cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, señaló Borinsky, quien además participó en la redacción del nuevo Código Penal.
La necesidad de una ley y el caso Fornerón
El caso Fornerón se ha convertido en un símbolo de la deuda histórica de Argentina en la protección de los derechos de la infancia. En 2012, la CIDH dictó una sentencia que instaba al país a adoptar medidas para criminalizar la venta de niños, luego de que Leonardo Fornerón perdiera la custodia de su hija tras una adopción irregular. Este fallo es uno de los fundamentos para la urgencia de la ley que mañana se discutirá en Diputados.
Además de la penalización de la compra y venta de menores, la normativa propone incorporar la figura del colaborador eficaz, permitiendo la reducción de penas a quienes brinden información valiosa para esclarecer delitos vinculados, como la trata de personas o la comercialización de estupefacientes. Esto busca facilitar la investigación y sanción de las redes criminales que operan en el país.
El futuro de la ley y su impacto social
La expectativa para la reunión de mañana es alta, tanto entre los legisladores como entre las organizaciones sociales que han seguido de cerca el tratamiento del proyecto. La Red por la Infancia, a través de su directora Paula Wachter, ha reiterado la importancia de aprobar una ley que ponga fin a la impunidad en la compra y venta de niños en Argentina.
"Es inadmisible que aún no contemos con una normativa que penalice de manera específica este delito. Miles de niños siguen siendo vulnerables a redes que los cosifican y los venden. Necesitamos que la ley avance ya", sostuvo Wachter en una reciente declaración.
El debate en Diputados promete ser intenso, y el resultado de esta instancia será clave para determinar si finalmente se salda una deuda pendiente en la legislación argentina sobre los derechos de los menores de edad.