Legislativas Por: Andrés Montero29 de octubre de 2024

Venta de inmuebles del Estado: Unión por la Patria busca frenar el decreto de Milei

El bloque de Unión por la Patria en Diputados busca derogar el decreto presidencial que habilita la venta de 309 propiedades del Estado, argumentando la falta de justificación en la medida.

El bloque de UP busca que no se vendan más de 300 inmuebles del Estado.

Mediante el decreto 950/2024, el presidente Javier Milei anunció la venta de más de 300 inmuebles pertenecientes al Estado Nacional. En respuesta, el bloque de Unión por la Patria (UP) en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley para derogar dicha disposición, argumentando que la medida carece de fundamentos que expliquen la necesidad de desprenderse de estos bienes.

Un proyecto para frenar la privatización de inmuebles estatales

El proyecto propuesto por los diputados de UP es sencillo y cuenta con solo dos artículos, uno de ellos de forma. En su contenido, establece la derogación del decreto emitido el pasado 25 de octubre y publicado en el Boletín Oficial. El bloque sostiene que la decisión de vender estos 309 inmuebles se tomó “sin fundamento alguno respecto de la motivación de la enajenación, transferencia o disposición de cada uno de ellos”.

Bienes comunitarios y espacios verdes en riesgo

La bancada que lidera Germán Martínez advirtió también que el decreto no tiene en cuenta que “muchos de los inmuebles son clasificados como espacio verde, por lo cual no pueden ser destinados a edificaciones”. En ese sentido, señalan que algunos de estos espacios tienen un rol comunitario, ya que albergan clubes de barrio y otros usos importantes para los vecinos.

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El rol del Congreso en la administración de tierras estatales

El proyecto de ley recuerda que, según el artículo 75 inciso 5 de la Constitución Nacional, es atribución del Congreso “disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional”. Los legisladores de UP sostienen que, si se trata de vender patrimonio estatal, la decisión debería ser discutida y resuelta en el ámbito del Congreso, y preferiblemente en el marco de la Ley de Presupuesto. De esta manera, el bloque opositor pide que se priorice el debate público sobre los recursos y el patrimonio del Estado, tanto en el presente como para el futuro.

 

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