Deudas entre Nación y provincias: habilitan régimen de compensación con bienes y activos

El Gobierno Nacional oficializó una medida sin precedentes para reducir el déficit fiscal y aliviar la situación financiera de las provincias. A través del Decreto 969/2024, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei dispuso la creación de un “Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas” entre la Nación y las provincias, mediante el cual se entregarán empresas públicas, rutas, tierras fiscales y otros activos nacionales para saldar las deudas que el Estado mantiene con diferentes jurisdicciones.

Un giro en la relación entre la Nación y las provincias

Esta política, presentada como un esfuerzo por “sanear las cuentas públicas” y promovida como parte de un plan de federalismo económico, es para muchos una jugada estratégica que permite a la administración de Milei consolidar su influencia territorial. Según indicó Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete y hombre de confianza del jefe de ministros Guillermo Francos, “la idea es hacer un borrón y cuenta nueva en las compensaciones entre las provincias y la Nación”, con el objetivo de equilibrar las relaciones financieras y económicas entre ambas partes.

“Desde hace muchas décadas, las cuentas fiscales y un centralismo creciente han llevado a que las relaciones financieras y económicas entre la Nación y las provincias no sean simétricas”, afirmó Catalán. Y agregó: “Invitamos a todos los gobernadores a mirar hacia el futuro y trabajar juntos, con el firme objetivo de encontrar soluciones que le den un orden a las provincias y a la Nación”.

¿Cómo funcionará el régimen de extinción de deudas?

El decreto establece que cada provincia interesada tiene un plazo de 30 días hábiles para manifestar su intención de adherirse al nuevo régimen. Aquellas que opten por participar deberán presentar la documentación que respalde la legitimidad de sus deudas en un período máximo de 60 días, de acuerdo a la normativa. Una vez confirmada la veracidad de cada deuda, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda, evaluará cada caso particular, dando lugar a un posible acuerdo de extinción de deudas.

El régimen permite que tanto la Nación como las provincias puedan incluir mecanismos de compensación, conciliación y transacción en sus acuerdos. Si, luego de estos procedimientos, el saldo resultante es favorable para el Estado, las provincias podrán saldarlo mediante un porcentaje de los recursos recibidos por el Régimen de Coparticipación Federal, o bien mediante la entrega de activos provinciales a la Nación.

Rutas, tierras y empresas en la mira

Una de las medidas más controvertidas de este decreto es la autorización para que el Estado Nacional ofrezca bienes tangibles, como rutas, tierras fiscales y empresas públicas, en la negociación con las provincias. Esto marca un punto de quiebre en la relación Nación-provincias, donde el gobierno nacional deja en manos provinciales algunos de los recursos que históricamente mantuvo centralizados.

Catalán reafirmó que esta decisión está en línea con el plan de austeridad del presidente Milei y busca "caminar junto con los gobernadores hacia un verdadero federalismo". Sin embargo, desde distintos sectores de las provincias, las reacciones fueron mixtas. En algunas terminales gubernamentales advirtieron que no se les había consultado con anticipación sobre este plan y expresaron dudas respecto a la implementación efectiva de los acuerdos.

“Nuestra Constitución fija un régimen federal, pero desde hace tiempo las distintas gestiones de gobierno vinieron sosteniendo una práctica política unitaria”, señaló Catalán, resaltando la intención de acercar a las provincias a un federalismo real y efectivo. “La Nación no debe ser un corsé que impida el crecimiento de las provincias”, concluyó.

Expectativas y desafíos del régimen

Este régimen de extinción de deudas, que según el gobierno representa un “paso importante” hacia el equilibrio fiscal, también abre la puerta a una posible rediscusión de la coparticipación federal, un tema largamente postergado y reclamado por varias provincias. A su vez, el Gobierno busca alinearse con los compromisos de austeridad fiscal impulsados por Milei, aunque sectores de la oposición y algunos gobernadores mantienen reservas sobre la viabilidad y el impacto real de esta iniciativa.

En el contexto de una profunda crisis económica y social en Argentina, la medida no está exenta de polémica. La entrega de bienes públicos a las provincias podría desencadenar fuertes tensiones políticas y administrativas en los próximos meses, con debates sobre el alcance real de este "federalismo económico" y su sostenibilidad en el largo plazo.