Kicillof presentó el presupuesto 2025 y denunció "persecución política" contra Cristina Kirchner
En una conferencia de prensa realizada en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió el presupuesto provincial 2025 y lanzó fuertes críticas al sistema judicial y al gobierno nacional, en vísperas de un fallo de la Cámara de Casación Penal que podría ratificar la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Kicillof calificó de “escándalo jurídico” el proceso en su contra y expresó el rechazo de la provincia ante lo que consideró una “persecución política”.
Presupuesto provincial 2025: un trabajo complejo frente a un “presupuesto escrito en el aire”
Kicillof destacó que la elaboración del presupuesto provincial fue un desafío, ya que tuvo que ajustarse al marco del presupuesto nacional presentado por el presidente electo, Javier Milei. “El presupuesto nacional es un presupuesto escrito en el aire”, afirmó, señalando la supuesta “inconsistencia” del mismo y las dificultades para garantizar los pilares de salud, educación, seguridad, obra pública y bienestar social en este contexto. “Celebro y agradezco a todo el gabinete por el esfuerzo para asegurar que, aún en esta situación complicada, nuestras prioridades quedan garantizadas”, concluyó el gobernador.
Kicillof sobre la causa Vialidad: “Estamos ante un verdadero escándalo jurídico”
En un tono crítico, Kicillof se refirió al inminente fallo judicial contra Cristina Kirchner, acusando a los medios de “anticiparse” a la sentencia en lo que considera un juicio sin fundamentos. “Se está inaugurando un nuevo género que podríamos llamar derecho-ficción: no hay pruebas, no hay delitos, y la acusada no tuvo la posibilidad material de cometerlos”, aseveró el gobernador, afirmando que el fallo está destinado a “ensuciar y perseguir políticamente a dirigentes del campo popular”.
El gobernador expresó el apoyo de su administración hacia la vicepresidenta y advirtió sobre las consecuencias de esta causa en la confianza hacia el sistema judicial. “Será un golpe muy fuerte para la credibilidad de nuestras instituciones”, indicó, resaltando el rol de la provincia en repudiar lo que considera un acto de “disciplinamiento político” a través de un juicio “falso y una condena ficticia”.
Mena advierte sobre el “disciplinamiento” judicial y mediático
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, también expresó su rechazo a la condena. “La Cámara Federal de Casación Penal va a concretar un paso más en la afectación a nuestra democracia”, afirmó, denunciando que el caso Vialidad ha sido utilizado como una herramienta para disciplinar políticamente. Mena señaló que la falta de pruebas y testigos confiables pone en evidencia lo que considera una “estrategia de disciplinamiento” impulsada por medios concentrados y sectores de poder. “Advertimos sobre la gravedad de lo que está ocurriendo con esta mezcla inescrupulosa de medios, políticos y un sector pequeño pero poderoso de la Justicia”, enfatizó.
Canal Magdalena: Kicillof exige la jurisdicción provincial
Además de la defensa a la vicepresidenta, Kicillof reclamó al Gobierno nacional la transferencia de la jurisdicción del Canal Magdalena, una obra clave para la infraestructura y soberanía provincial. “Pedimos al Gobierno nacional que nos ceda la obra, ya que está claro que no tiene interés en la competitividad de nuestra provincia”, subrayó, criticando el nuevo contrato de concesión de la vía navegable troncal, al que calificó como un “negociado” que favorece a puertos privados.
Carlos Bianco, ministro de Gobierno, añadió que el contrato vigente ignora tratados internacionales y no cumple con estudios de impacto ambiental. “El Canal Magdalena brindará mayor eficiencia, generará recursos y permitirá recuperar la soberanía sobre nuestras aguas”, argumentó, reiterando el pedido al Ejecutivo nacional de transferir la obra a la administración provincial.
Con estas declaraciones, Kicillof reafirma la postura de su gestión en defensa de Cristina Kirchner y en reclamo de la autonomía provincial en temas estratégicos, en una confrontación directa con el Gobierno nacional y el sistema judicial.