Arroyo Salgado pide que se designe a San Isidro el caso Kueider

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó a la justicia de Concordia que se inhiba de continuar con la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex senador Edgardo Kueider, exigiendo que el expediente sea transferido a su Juzgado en San Isidro. La petición llega en un contexto de tensiones judiciales y políticas, ya que el caso involucra investigaciones complejas que abarcan desde delitos económicos hasta presuntas maniobras de corrupción.

El conflicto judicial por la competencia

En la actualidad, el ex senador Kueider enfrenta dos causas paralelas relacionadas con su aumento patrimonial. Una está siendo tramitada en el Juzgado de Arroyo Salgado, en San Isidro, mientras que la otra se encuentra en la Justicia provincial de Concordia, la ciudad natal de Kueider, donde el fiscal José Arias y el juez Edwin Bastián llevan adelante la investigación.

El conflicto de competencias ha llegado a un punto crítico. Arroyo Salgado considera que los hechos investigados, que se entrelazan con la causa por coimas en la empresa Securitas Argentina, son de competencia de la Justicia Federal, dada la magnitud de los delitos implicados y su relación con figuras y empresas nacionales. Según la jueza, los delitos vinculados a Kueider, como el lavado de dinero a través de propiedades adquiridas en Paraguay, deben ser tratados por el fuero federal.

La denuncia y la investigación en Concordia

La causa en Concordia se originó a partir de una denuncia realizada en junio de 2023 por un vecino, Eliseo Blanco, quien alertó sobre los bienes inmuebles que Kueider habría adquirido en Paraná. La investigación, que inicialmente estuvo a cargo de la Fiscalía de Martín Núñez, pasó a ser gestionada por el fiscal provincial José Arias el 30 de julio, tras varios meses sin avances significativos.

Entre los elementos que se investigan, destaca la compra de tres departamentos en un exclusivo edificio en Paraná, a través de la sociedad Betail SA, de la que Kueider formaba parte. La propiedad de estos inmuebles, así como su relación con la joven Iara Guinsel Costa, quien acompañó a Kueider en su detención en Paraguay, ha sido uno de los puntos más controversiales de la causa.

El vínculo con la causa Securitas

La denuncia por enriquecimiento ilícito de Kueider está relacionada con otro expediente que investiga el pago de coimas por parte de la empresa Securitas Argentina, que operaba en diversas provincias, incluida Entre Ríos, durante la gestión de Kueider como secretario general de gobierno. Este vínculo entre ambos casos, que involucra presuntos pagos ilegales para mantener contratos de seguridad, es uno de los argumentos principales de Arroyo Salgado para pedir la transferencia de la causa a su Juzgado, ya que considera que los delitos están estrechamente relacionados.

La postura de la jueza Arroyo Salgado

En su pedido de inhibitoria, la jueza federal remarcó que el caso de Securitas se encuentra en un estadio procesal más avanzado, con varios procesamientos confirmados por la Cámara Federal. Según Arroyo Salgado, al unificar ambas causas en su tribunal, se garantizaría una administración más eficiente de justicia, evitando el "dispendio jurisdiccional" de recursos humanos y la posibilidad de contradicciones en las decisiones judiciales.

Además, la jueza subrayó que la competencia de la justicia federal es evidente, ya que se están investigando delitos cometidos en el extranjero, específicamente en Paraguay, y las implicaciones de funcionarios nacionales como Guinsel Costa y Rodolfo Daniel González, quienes están involucrados en el entramado de sociedades vinculadas a Kueider.

Lo que sigue: ¿habrá resolución judicial?

La solicitud de inhibitoria fue enviada el lunes al juez de Concordia, Edwin Bastián, quien deberá decidir si accede al pedido de la jueza de San Isidro. Si Bastián se opone, la decisión podría ser apelada por Arroyo Salgado ante la Cámara de Casación, lo que podría alargar aún más el proceso. En última instancia, si los jueces no logran llegar a un acuerdo sobre la competencia, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien deberá intervenir y resolver la disputa judicial.

El desenlace de este conflicto será clave no solo para la continuidad de las investigaciones contra Kueider, sino también para la imagen del sistema judicial argentino, que se ve en medio de una disputa entre diferentes fueros y jurisdicciones.