Estatales resisten despidos masivos en el Ministerio de Justicia
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tomó las calles este jueves frente al Ministerio de Justicia de la Nación, ubicado en Sarmiento 329, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El motivo: resistir el despido masivo de más de 2400 empleados contratados a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) y la reducción salarial que afecta a otros 2000 trabajadores de planta permanente de esta cartera.
En una convocatoria marcada por la indignación, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, denunció la ilegalidad de los despidos y el impacto social de estas medidas. "No podemos permitir que dejen a más de 2400 familias en la calle. Esto no solo es un ataque a los derechos laborales, sino también una crisis funcional para el Ministerio", declaró.
La decisión del Gobierno y su impacto
El ajuste fue anunciado por el Gobierno de Javier Milei, en el marco de su política de reducción del gasto público. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, las contrataciones mediante Acara, vigentes por décadas, eran "irregulares" y no cumplían con el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). "Eliminamos un sistema corrupto que beneficiaba a unos pocos y perjudicaba al resto del país", expresó Adorni en conferencia de prensa.
Además de los despidos, el Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona, suprimió los incentivos salariales otorgados al personal. Según datos oficiales, estos complementos representaban un gasto anual de 15.600 millones de pesos. El Gobierno argumenta que se transformaron en pagos indebidos sin relación con la capacitación para la que fueron creados.
La respuesta sindical ante el ajuste
Desde ATE, el mensaje es claro: no se tolerarán más recortes. "Los estatales tenemos derecho a defender nuestros salarios, nuestros puestos de trabajo y las políticas públicas que garantizamos. Estas decisiones afectan gravemente a toda la sociedad", enfatizó Aguiar.
El sindicato también recordó que esta situación no es nueva. Durante noviembre, el Ejecutivo ofreció retiros voluntarios a 2800 empleados, una maniobra que ATE catalogó como "intentos de despidos encubiertos". Las tensiones escalaron cuando se conoció la Resolución 376/2024 del Ministerio, que implicó una reducción salarial del 50% para los empleados de planta permanente.
Un conflicto con impacto nacional
Los despidos masivos no solo afectan a los trabajadores involucrados, sino que también generan un clima de incertidumbre en el empleo público, un sector históricamente estable en Argentina. Además, los ajustes golpean las políticas públicas que dependen directamente del trabajo estatal.
"Estamos viendo el desmantelamiento de una estructura que no solo sostenía derechos laborales, sino también servicios esenciales para la sociedad", advirtió ATE.
Una política de Estado cuestionada
A pesar de las críticas, el presidente Milei sostiene que su política de ajuste es uno de los logros más importantes de su gestión. "Echamos a 34.000 empleados públicos y estamos evaluando la idoneidad de los demás", afirmó en su discurso del 10 de diciembre.
Sin embargo, las repercusiones sociales de estas decisiones generan dudas sobre el futuro de las relaciones laborales en el ámbito estatal. Por ahora, los sindicatos mantienen las movilizaciones y advierten que las medidas de fuerza se intensificarán en los próximos días.