El Gobierno extiende el presupuesto 2023 por segundo año consecutivo

En una decisión que marca un hecho inédito en la historia reciente del país, el Gobierno Nacional dispuso que el presupuesto 2023 continúe vigente durante 2025. Mediante el decreto 1131/2024, publicado en el Boletín Oficial el 30 de diciembre, se oficializó la medida que extiende por segundo año consecutivo las disposiciones presupuestarias del mismo ejercicio fiscal. Este recurso excepcional responde a la falta de consenso en el Congreso para aprobar una nueva Ley de Presupuesto.

El texto del decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, establece que a partir del 1° de enero de 2025 regirán las mismas pautas presupuestarias del ejercicio 2024, con las adecuaciones necesarias para garantizar la continuidad administrativa.

Un contexto marcado por la falta de acuerdos políticos

La decisión de extender nuevamente el presupuesto refleja las tensiones políticas y financieras que atraviesa el país. Durante las sesiones ordinarias de 2024, el Congreso no logró alcanzar acuerdos entre oficialismo, oposición y gobernadores para aprobar un nuevo proyecto presupuestario. El texto enviado en septiembre incluía medidas clave como la ratificación de la fórmula de movilidad jubilatoria y la eliminación de la indexación de las asignaciones familiares, pero quedó archivado ante la falta de consenso.

A mediados de noviembre, José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto, suspendió el dictamen que hubiera permitido tratar el proyecto en el recinto. La posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias quedó descartada cuando Caputo declaró que priorizar el equilibrio fiscal del Gobierno era más importante que forzar una aprobación con concesiones que pudieran comprometer los objetivos económicos.

Consecuencias económicas y políticas

El presupuesto 2023, originalmente estimado en $40,2 billones, fue ampliado mediante decretos presidenciales hasta $95,9 billones debido a la inflación acumulada en 2024. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), para 2025 se prevé un margen de discrecionalidad de $20 billones, basado en ingresos proyectados de $115,2 billones y una inflación estimada en 18%.

A pesar de contar con un superávit financiero acumulado de $1,82 billones en octubre de 2024, la falta de un presupuesto aprobado limita las reformas estructurales y otorga al Gobierno una amplia discrecionalidad en la asignación de recursos. La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) advirtió que esta situación podría impactar negativamente en la coparticipación tributaria y el financiamiento de las cajas previsionales provinciales.

Además, la prórroga pone en riesgo iniciativas como la flexibilización de condiciones para el canje de deuda en moneda extranjera, establecida en el decreto 846/2024, y complica las negociaciones con organismos internacionales como el FMI, según señalaron desde la oposición.

Críticas y justificativos

La extensión del presupuesto fue cuestionada por sectores opositores, que alertan sobre la falta de transparencia y la concentración de poder en manos del Ejecutivo. Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que la medida busca garantizar la estabilidad financiera y la continuidad de los servicios esenciales, especialmente en un contexto de desacuerdos legislativos.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo destacó la necesidad de evitar un vacío normativo que podría agravar las tensiones económicas. Sin embargo, los analistas advierten que esta estrategia podría generar mayores desafíos a mediano plazo, dificultando la planificación fiscal y afectando la confianza tanto interna como internacional.

¿Qué implica la prórroga para 2025?

• Recursos y créditos prorrogados: Se mantendrán los montos vigentes al cierre de 2024, ajustados según lo permita la Ley de Administración Financiera N° 24.156.
• Facultades al Jefe de Gabinete: Guillermo Francos podrá realizar modificaciones presupuestarias para garantizar el funcionamiento del Estado.
• Inflación y margen de maniobra: Si bien la inflación proyectada es menor, los recursos discrecionales del Gobierno se reducen significativamente en comparación con 2024.

El decreto 1131/2024, que entrará en vigencia el 1° de enero de 2025, representa un nuevo desafío para la administración de Milei, que deberá enfrentar las críticas mientras intenta consolidar su modelo económico sin una nueva herramienta presupuestaria.