Camioneros y bloqueos: juicio a sindicalistas en junio por extorsión

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal estableció que las audiencias del juicio contra Omar Pérez y otros cuatro representantes del Sindicato de Camioneros tendrán lugar los días 5 y 12 de junio. Los sindicalistas están acusados del delito de extorsión en grado de tentativa, derivado de un bloqueo a la pyme Andar Transportadora en 2020.

Un caso que pone al moyanismo bajo la lupa

Omar Pérez, figura de peso en el Sindicato de Camioneros y cercano a Hugo Moyano, es uno de los principales acusados. Pérez ocupa los cargos de secretario de Políticas de Transporte del gremio y secretario Gremial de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT). Además, su nombre sonó como posible sucesor de Pablo Moyano en la CGT.

Junto a Pérez, serán juzgados Omar Dutrá, Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz, quienes participaron del bloqueo en un depósito ubicado en Villa Soldati. Según la Justicia, no hay elementos que sustenten la legitimidad del reclamo de una supuesta deuda con el sindicato.

Contexto judicial y acusaciones

El bloqueo fue realizado por unos 15 representantes gremiales. En noviembre de 2021, los acusados fueron procesados por coacción, decisión confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones. Sin embargo, en agosto de 2022, el juez Fernando Caunedo elevó la causa a juicio por extorsión en grado de tentativa, un delito más grave.

Audiencias televisadas

Florencia Arietto, abogada de la empresa Andar Transportadora, manifestó su intención de solicitar que las audiencias sean televisadas, para garantizar transparencia en un caso que podría marcar un precedente contra prácticas sindicales abusivas.

Otros casos vinculados a Camioneros

Este juicio se suma a otros episodios similares, como el de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, dos dirigentes de la Seccional San Nicolás de Camioneros que enfrentan un proceso por el bloqueo a la pyme Distribuidora Rey en 2021. Ambos permanecen bajo arresto domiciliario mientras esperan el juicio oral y público.