ATE denuncia maniobra del Gobierno para privatizar IOSFA
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó una dura denuncia contra el Gobierno nacional, acusándolo de impulsar un proceso de privatización del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). Esta situación se desencadenó tras la desvinculación de más de 300 trabajadores, incluyendo a personal con antigüedades que oscilan entre los 3 y los 27 años.
“Si a estas cesantías sumamos el vaciamiento intencional al que ha sido sometida hace un año, podemos sospechar que estamos frente a un proceso de privatización de la obra social estatal más grande del país”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
Despidos masivos: un golpe directo al sistema
La obra social del personal de las Fuerzas Armadas cuenta con más de 600.000 afiliados en todo el país. Los despidos afectaron a empleados esenciales de centros médicos, farmacias y hoteles en distintas regiones como Mar del Plata, Bahía Blanca, Tucumán, Córdoba, Misiones y Bariloche.
Aguiar denunció que “el universo alcanzado por las bajas contempla a trabajadores que atravesaron con éxito el Sistema de Evaluación Pública” y sostuvo que “esto repercute de manera directa en las prestaciones que brinda la obra social, afectando a afiliados con patologías crónicas y enfermedades graves”. Además, destacó la gravedad de las desvinculaciones a mujeres con hijos menores de un año y agentes con licencias psiquiátricas.
Contrastes salariales y acusaciones de desfinanciamiento
ATE también señaló una marcada disparidad salarial como uno de los puntos críticos. Mientras los trabajadores despedidos cobraban un promedio de 500.000 pesos, la mitad del costo de la Canasta Básica Total según el Indec ($1.001.466), los nuevos directivos designados recibirían sueldos que oscilan en torno a los 2.500.000 pesos. “Hay que explicarles el funcionamiento de la obra social a los nuevos funcionarios, lo cual agrava aún más la situación”, denunciaron.
Desde el sindicato también alertaron sobre el ingreso de estos funcionarios en puestos directivos con “super sueldos”, mientras se justifican los despidos por un supuesto ahorro para las arcas públicas.
La postura de los representantes regionales
Pablo Mendoza, secretario general de ATE en Punta Alta, llevó algo de tranquilidad al confirmar que en su región no se registraron despidos. Sin embargo, advirtió que la situación en otras localidades como Mar del Plata, Tucumán y Córdoba es alarmante. “En Puerto Belgrano, los empleados contratados son 23 y en Bahía Blanca entre 5 y 6, pero ninguno ha sido desafectado gracias a gestiones previas”, aseguró.
Medidas de fuerza y exigencias sindicales
Ante este panorama, ATE anunció que definirá medidas de fuerza en las próximas semanas. “Las consecuencias que estas generen serán exclusiva responsabilidad de las autoridades de la obra social y del Gobierno actual”, afirmó Aguiar. Además, el gremio exigió la revisión de estas medidas que calificó de “injustas y arbitrarias”, subrayando el impacto negativo en los servicios para los afiliados.
“No solo se trata de la estabilidad laboral de cientos de trabajadores, sino también de garantizar el correcto funcionamiento de la obra social para sus beneficiarios”, concluyeron desde ATE.