Milei, entre Trump y Malvinas: EE.UU. pone reparos al proyecto que endurece sanciones a empresas
Javier Milei recibirá este viernes al subsecretario de Estado norteamericano Christopher Landau en una reunión atravesada por uno de los puntos más sensibles de la relación con Washington: el alcance de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el propio Gobierno envió al Congreso para endurecer las sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en Malvinas.
El encuentro está previsto para las 11 en la Casa Rosada. También participarán Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. Por Washington estarán, además de Landau, el embajador Peter Lamelas y funcionarios del área de Asuntos del Hemisferio Occidental.
La cita ocurre apenas un día después de que el funcionario estadounidense reconociera públicamente la inquietud que genera el proyecto entre compañías de su país.
Estados Unidos aclaró que respeta el proceso legislativo argentino y no reclamó públicamente que la iniciativa sea retirada. Pero Landau admitió que Washington observa especialmente las consecuencias que podrían tener las nuevas penalidades sobre intereses empresariales norteamericanos.
El Ejecutivo envió la iniciativa al Congreso el 17 de septiembre y pidió darle prioridad. En aquel momento, la Oficina del Presidente la presentó como una herramienta para castigar la explotación no autorizada de recursos, generar incentivos para que las compañías abandonen esas actividades y reforzar la capacidad estatal para defender la soberanía argentina.
El proyecto busca reemplazar la Ley 26.659 por un esquema de sanciones más amplio. Una de sus principales novedades es que las consecuencias podrían alcanzar no sólo a las empresas que operen directamente en actividades no autorizadas alrededor de Malvinas, sino también a accionistas, proveedores y otros actores vinculados con esas compañías.
Ese alcance es precisamente uno de los puntos que despertó inquietud en Washington. El expediente, identificado como 0010-PE-2026, está girado a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de Diputados y todavía no obtuvo dictamen.
Washington blanqueó su preocupación
Landau habló del tema este jueves después de reunirse con Quirno en el Palacio San Martín. El funcionario sostuvo que es natural que Estados Unidos siga de cerca los intereses de sus empresas, aunque remarcó que corresponde a las autoridades argentinas determinar el contenido de sus propias leyes.
La definición llegó después de que trascendieran gestiones y conversaciones entre ambos gobiernos por el eventual impacto del régimen sobre compañías norteamericanas que mantienen vínculos comerciales, financieros o societarios con firmas relacionadas con proyectos en el Atlántico Sur.
En la Casa Rosada descartan avanzar contra grandes actores financieros si una decisión de ese tipo compromete la relación bilateral, aunque el Gobierno sostiene que la inquietud estadounidense no constituye un pedido formal de retirar el proyecto y mantiene públicamente la decisión de impulsarlo.
Frente a Landau, el canciller sostuvo la posición argentina. El canciller Quirno aseguró que la legislación actual no proporciona todas las herramientas que el Gobierno considera necesarias para defender los intereses argentinos y negó que el texto esté dirigido contra una compañía o un país en particular.
La posición oficial es que las firmas que operan con licencias otorgadas por las autoridades británicas en las islas deberán optar entre mantener esos negocios o desarrollar inversiones en el territorio continental argentino.
La administración Milei ya había endurecido su postura antes de enviar la nueva norma. El 4 de septiembre, el Ejecutivo anunció el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por presuntas vinculaciones con actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización argentina en el área de Malvinas. El Gobierno especificó entonces que las investigaciones alcanzarían también a accionistas y prestadores de servicios.
El otro frente: el Comité de Descolonización
La reunión tendrá además otro capítulo directamente relacionado con Malvinas. La administración de Donald Trump impulsa una reforma de Naciones Unidas que contempla la posibilidad de eliminar el Comité Especial de Descolonización, conocido como C-24, el ámbito donde la Argentina plantea anualmente su reclamo por la soberanía de las islas.
Landau defendió ese planteo y sostuvo que forma parte de una reforma general del organismo, no de una posición específica contra el reclamo argentino.
Quirno respondió que la soberanía sobre Malvinas es “innegociable” y aseguró que una eventual desaparición del comité no modificaría la posición del país, aunque reconoció la importancia de ese espacio para la diplomacia argentina.
El asunto ya había provocado cuestionamientos internos después de que Argentina se abstuviera el 15 de octubre en dos resoluciones de la Cuarta Comisión de Naciones Unidas vinculadas con la descolonización. Cancillería atribuyó esas decisiones a razones técnicas, mientras sectores opositores las interpretaron como un acercamiento a la postura estadounidense.
El cuadro contrasta con el tono que el propio Milei había utilizado apenas un mes atrás. Al enviar el proyecto al Congreso, Presidencia sostuvo que todo lo realizado anteriormente había resultado “insuficiente” para defender la causa Malvinas y reclamó a las fuerzas políticas máxima velocidad para aprobar la nueva legislación.
El mandatario también llevó el reclamo a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde reiteró la soberanía argentina y afirmó que el país adoptaría una estrategia “pacífica, práctica y efectiva” frente al conflicto.
Ahora, esa política se cruza con la relación estratégica que Milei construyó con la administración Trump. Landau resumió este jueves el nivel de alineamiento con una frase: “No hay otro país en todo el mundo con el cual estemos tan alineados”.
Inversiones, seguridad y J.D. Vance
Malvinas no será el único asunto de la reunión. La agenda incluye las inversiones estadounidenses, cooperación en seguridad, minerales críticos, el acuerdo comercial bilateral, el proceso para que Argentina ingrese al programa de exención de visas y la próxima visita del vicepresidente J.D. Vance, prevista para noviembre.
Washington anunció además USD 13 millones para programas vinculados con la lucha contra el narcotráfico, asistencia de hasta USD 10 millones para combatir la trata de menores y un aporte no reembolsable de USD 15 millones destinado a un centro de operaciones de ciberseguridad.
En el plano económico, Landau también participó de conversaciones vinculadas con el denominado Corredor Andes-Atlántico y con esquemas de financiamiento para infraestructura, minería y energía. El embajador Lamelas habló esta semana de expectativas de inversiones estadounidenses por hasta USD 20.000 millones.