Los tres poderes, entre la cooperación institucional y los reclamos de la Corte bonaerense por vacantes y presupuesto

El Ministerio Público bonaerense reunió el jueves 22 de octubre en La Plata a representantes de los tres poderes del Estado y de más de 60 instituciones. La convocatoria, encabezada por el procurador general Julio Conte-Grand, buscó fortalecer la cooperación entre organismos públicos y entidades sociales. La coincidencia de autoridades se produjo mientras la Suprema Corte de Justicia bonaerense mantiene reclamos ante el Ejecutivo y la Legislatura por su integración, el presupuesto y la ampliación de la estructura judicial.

En las instalaciones de La Plata Rugby Club participaron la vicegobernadora Verónica Magario, el presidente de Diputados Alejandro Dichiara, el titular de la Corte Sergio Torres, el ministro de Seguridad Javier Alonso y el asesor general de Gobierno Santiago Pérez Teruel. El panel central trató la institucionalidad y la cohesión social.

Magario advirtió que “la sociedad demanda que los tres poderes del Estado estemos a la altura de las circunstancias” y planteó que la población “necesita volver a creer en sus instituciones”. Vinculó esa crisis de confianza con las dificultades para conseguir trabajo, estudiar y llegar a fin de mes. También pidió una articulación más estrecha con municipios, escuelas, clubes y organizaciones que intervienen cotidianamente en los barrios.

Dichiara defendió el trabajo conjunto más allá de las diferencias partidarias. “Las diferencias son parte de la democracia”, afirmó, antes de llamar a complementar capacidades para afrontar los problemas provinciales. Entre los asistentes hubo diputados y senadores de Fuerza Patria, PRO, UCR, Unión y Libertad y Hechos, una representación amplia en momentos en que distintos proyectos judiciales requieren acuerdos parlamentarios.

El encuentro incluyó otros cuatro conversatorios sobre prevención de violencias, delitos digitales y financieros, investigación científica y aportes de los colegios profesionales. La Procuración destacó los más de 713 convenios de cooperación que mantiene con instituciones públicas y privadas. Pero, junto con esa agenda de coordinación, la Provincia tiene pendientes decisiones concretas sobre el funcionamiento de sus tribunales.

Reclamos por las vacantes y negociaciones en el Senado

Uno de los asuntos más sensibles es la composición de la Suprema Corte. El máximo tribunal debería contar con siete integrantes, pero desde la salida de Luis Genoud, en junio de 2024, funciona con apenas tres: Hilda Kogan, Daniel Soria y Torres. Las cuatro vacantes siguen sin cubrirse, pese a los pedidos del propio tribunal para acelerar las designaciones.

La definición corresponde al gobernador Axel Kicillof, que debe proponer los candidatos, y al Senado, encargado de prestar acuerdo. La recomposición exige, por lo tanto, una negociación política que involucra al oficialismo y a la oposición. La discusión ya había aparecido alrededor de la aprobación del Presupuesto 2026, aunque las diferencias sobre los nombres impidieron completar la integración del tribunal.

En septiembre, el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, anticipó el envío de casi 200 pliegos judiciales al Senado para cubrir puestos en juzgados, fiscalías y defensorías. En ese momento se estimaban alrededor de 430 cargos vacantes en distintos niveles del sistema, entre órganos jurisdiccionales y dependencias del Ministerio Público.

Los nombramientos ordinarios deberán pasar por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presidida por el senador Emmanuel González Santalla. Sin embargo, la cobertura de esos cargos y la designación de los cuatro ministros que faltan en la Corte son discusiones diferentes. La primera apunta a reforzar el servicio de Justicia en el territorio; la segunda, a completar la conducción del máximo tribunal provincial.

Autarquía, presupuesto y nuevos juzgados

La otra demanda estructural es la autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera del Poder Judicial. El anteproyecto fue presentado públicamente en abril y entregado a las autoridades legislativas en mayo. La propuesta establece que la Corte, con intervención del Ministerio Público, elabore el presupuesto de la Justicia y tenga mayores herramientas para administrar sus recursos, sin quitarle a la Legislatura la aprobación de las partidas provinciales.

Torres sostiene que la independencia judicial también depende de esa capacidad de gestión. Según las cifras expuestas por el magistrado, el sistema recibe históricamente entre el 3,5% y el 4,5% del presupuesto provincial y destina alrededor del 92% a salarios, por lo que queda un margen reducido para edificios, equipamiento y tecnología. El proyecto incluye además cambios en el régimen de remuneraciones y mecanismos de control sobre la administración de fondos.

La discusión adquiere relevancia ante la elaboración del Presupuesto bonaerense 2027. La Corte pretende recursos para sostener dependencias existentes y responder a una demanda judicial creciente. En paralelo, solicitó al Ejecutivo y a la Legislatura la creación de 64 nuevos órganos judiciales, mediante la Resolución 2917/26, para los fueros Penal, Familia, Laboral, Civil y Comercial y Contencioso Administrativo.

El pedido comprende 23 nuevos juzgados de Familia, además de tribunales laborales, juzgados penales y otras dependencias. El pedido alcanza a La Plata, La Matanza, Quilmes y otros departamentos judiciales. El tribunal reclamó también que se completen designaciones para organismos ya creados por ley que todavía no comenzaron a funcionar.

Otros dos planteos apuntan a cubrir ausencias y reorganizar el trabajo de los magistrados. La Corte propuso incorporar 40 jueces suplentes y modificar la estructura de las cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo. En ese fuero, los ingresos anuales de causas pasaron de aproximadamente 3.900 en 2015 a 15.700 en 2025, una evolución utilizada para fundamentar la necesidad de más salas y una nueva distribución de competencias.

Los proyectos que avanzan en Diputados

La actividad legislativa presenta resultados desiguales. La Cámara baja ya dio media sanción a un proyecto de Lucía Iañez y Valentín Miranda para establecer una audiencia preliminar obligatoria en procesos judiciales, con el objetivo de favorecer acuerdos y aliviar la carga de los juicios orales. También aprobó cambios en el Tribunal Fiscal de Apelación, acordados entre varios bloques, que incluyen una nueva tasa de actuación.

En otra línea, el presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, presentó iniciativas con aval de la Suprema Corte para revisar la organización del Tribunal de Casación Penal y establecer presidencias rotativas en cámaras de apelación. Una de sus propuestas más avanzadas busca regular la negociación colectiva del personal judicial, con participación de la administración de Justicia, la Procuración y los sindicatos.

Ese último expediente obtuvo despacho en la Comisión de Legislación General de Diputados y quedó entre los asuntos con posibilidades de llegar al recinto en una próxima sesión. Su tratamiento interesa también a los trabajadores judiciales, que reclaman un marco legal propio para discutir salarios y condiciones laborales.

El cuadro reúne expedientes con media sanción, iniciativas en comisión y reformas que exigen financiamiento o acuerdos políticos. La Corte puede reclamar nuevos juzgados y mayor autonomía, pero la apertura de organismos depende de leyes, fondos y nombramientos; la recomposición del máximo tribunal, de candidatos y acuerdos en el Senado. Tras la foto compartida en La Plata, esas definiciones siguen en manos del Ejecutivo y de la Legislatura bonaerense.