Tarifas de luz: Kicillof logra destrabar los aumentos y reaviva la interna con La Cámpora
El gobierno de Axel Kicillof consiguió que vuelvan a regir los aumentos de electricidad que habían sido suspendidos por la Justicia bonaerense, pero el resultado del expediente abrió una nueva controversia dentro de Fuerza Patria. La diputada de La Cámpora, Mayra Mendoza, cuestionó públicamente la apelación provincial y puso el tema en el centro de una interna que ya acumulaba diferencias políticas. La decisión alcanza a alrededor de 1,4 millones de usuarios de La Plata y el interior.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata aceptó un planteo de la Fiscalía de Estado y otorgó efecto suspensivo al recurso contra la cautelar que había frenado los ajustes. La resolución, firmada el 15 de octubre y conocida públicamente el 21, habilita nuevamente incrementos estimados entre 1,5% y 3,5%, mientras continúa el litigio sobre su legalidad.
El cambio judicial también provocó un cruce con la oposición. El diputado radical Diego Garciarena respondió a la publicación de Mendoza y responsabilizó al gobernador por la reactivación de las subas. La polémica se produce después de que Facundo Tignanelli, jefe del bloque oficialista, respaldara semanas atrás los argumentos de la Defensoría del Pueblo contra el criterio adoptado por la Provincia.
El fallo que habilita las subas sin cerrar el expediente
El expediente comenzó con una demanda de la Defensoría del Pueblo bonaerense, conducida por Guido Lorenzino, contra las principales distribuidoras y el Estado provincial. El organismo objetó los cambios autorizados mediante la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a cargo de Gabriel Katopodis, porque se habían aplicado sin una audiencia pública previa ni otro mecanismo equivalente de participación ciudadana.
El 18 de septiembre, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Coppola, dictó una cautelar que suspendió los componentes provinciales cuestionados y ordenó volver a los valores anteriores. También dispuso reconocer como saldo a favor de los usuarios los importes cobrados por esas actualizaciones. Después aclaró que la medida comprendía a las cooperativas eléctricas alcanzadas por la normativa.
La administración de Kicillof y las empresas EDEN, EDEA, EDES y EDELAP apelaron el fallo. El juez concedió los recursos, pero mantuvo vigente la cautelar mientras se revisaba su decisión. La Provincia acudió entonces directamente a la Cámara para conseguir que su apelación tuviera efecto suspensivo y evitar que las distribuidoras continuaran facturando con los componentes del cuadro anterior.
La Fiscalía de Estado sostuvo que mantener esos valores podía afectar los recursos destinados a comprar energía, sostener las redes, pagar salarios y ejecutar inversiones. También invocó informes del Organismo de Control de Energía Eléctrica bonaerense (OCEBA), según los cuales combinar precios mayoristas nacionales actualizados con componentes provinciales anteriores generaba dificultades para confeccionar y controlar las boletas.
Los jueces Roberto Mora y Diego Ucin consideraron que esa documentación permitía advertir, en forma preliminar, un posible perjuicio al interés público. Por eso modificaron el efecto de la apelación, pero no resolvieron si los incrementos son legales ni si la cautelar de primera instancia estuvo bien dictada. Esa discusión deberá continuar en el expediente.
Mayra Mendoza suma otra diferencia dentro de Fuerza Patria
La reacción política llegó este jueves 22 de octubre. Mendoza, diputada provincial y exintendenta de Quilmes, compartió en X una publicación que cuestionaba la decisión del Ejecutivo y escribió: “¿Esto es real?”. La pregunta, sin un desarrollo posterior de argumentos, expuso públicamente su distancia con la estrategia judicial de la administración provincial, cuando la disputa por la conducción del peronismo vuelve a ocupar la agenda.
La intervención llamó la atención porque provino de una dirigente central del sector que conduce Máximo Kirchner, integrante del mismo espacio legislativo que respalda al gobernador. No hubo un pronunciamiento formal de toda La Cámpora sobre las tarifas, pero la publicación reinstaló el desacuerdo sobre una medida que impacta en el bolsillo de los usuarios.
Garciarena contestó directamente a Mendoza y luego amplió su crítica a la Provincia. El legislador de la UCR recordó que el Defensor del Pueblo había solicitado frenar el aumento, que la Justicia había aceptado ese reclamo y que el Ejecutivo recurrió la decisión. Cerró con una definición política: “se viene un tarifazo en la luz”, que atribuyó al gobierno bonaerense.
El cruce tiene un antecedente reciente. El 7 de octubre, Tignanelli compartió un mensaje de Lorenzino que defendía la medida cautelar y cuestionaba la interpretación del Gobierno sobre sus efectos. Aquella señal ya había expuesto una diferencia entre el jefe de la bancada de Fuerza Patria y el Ejecutivo. La publicación de Mendoza incorpora ahora a otra figura de peso del camporismo en el mismo conflicto.
La tensión se suma a las discusiones sobre la estrategia electoral de 2027, la proyección nacional de Kicillof mediante el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el lugar de Cristina Fernández de Kirchner en el armado justicialista. Pero esta vez la controversia no se origina en una candidatura o en el reparto de poder: gira alrededor de una decisión administrativa y judicial cuyos efectos alcanzan directamente a los hogares bonaerenses.
El impacto en las boletas y las decisiones pendientes
Los aumentos habilitados alcanzan el servicio de las cuatro distribuidoras provinciales y de más de 200 cooperativas eléctricas del interior, con un universo estimado de 1,4 millones de usuarios. EDELAP opera en La Plata y alrededores; EDEN, en el norte; EDEA, en la región atlántica; y EDES, en el sur provincial. El fallo no modifica por sí mismo las tarifas de Edenor y Edesur en el área metropolitana.
El conflicto afecta específicamente a los componentes provinciales de distribución, no a todos los conceptos de la factura. Los precios mayoristas determinados por Nación siguen otro procedimiento. La distinción es relevante porque, además de la resolución cuestionada, la Provincia aprobó posteriormente la Resolución 682/2026, con actualizaciones de componentes nacionales y provinciales que deben diferenciarse de los incrementos ahora habilitados.
En el centro de la disputa permanece la falta de audiencias públicas previas. La Defensoría recordó que la última revisión tarifaria integral debatida en audiencia se realizó en diciembre de 2016. El Ejecutivo respondió que las actualizaciones se inscriben en una etapa transitoria vigente desde 2021, durante la cual se dictaron numerosas resoluciones, y que la revisión integral continúa en trámite.
Lorenzino sostiene que reconocer los costos del servicio no significa prescindir del derecho de los usuarios a informarse y participar antes de una modificación tarifaria. La Provincia, en cambio, defiende la necesidad de preservar los ingresos que financian la prestación. La Cámara deberá pronunciarse sobre la apelación original; todavía no existe una sentencia definitiva que cierre el debate.
Por ahora, el efecto inmediato es que las empresas pueden volver a facturar con los valores cuestionados. El escenario deja dos frentes abiertos para Kicillof: una discusión judicial sobre las reglas para autorizar los aumentos y una diferencia política cada vez más visible dentro de Fuerza Patria, mientras los hogares alcanzados por la decisión afrontan el restablecimiento de las subas.