Política Por: Mariana Portilla22 de octubre de 2026

Cristina y Máximo Kirchner, al banquillo: las claves del juicio por Hotesur-Los Sauces

El Tribunal Oral Federal N°5 comenzará este viernes un debate unificado con 19 acusados. La fiscalía buscará probar si hoteles, alquileres y sociedades familiares fueron utilizados para canalizar fondos de empresarios vinculados con contratos estatales, mientras las defensas sostienen que se trató de operaciones comerciales lícitas y bancarizadas.
El Tribunal Oral Federal N°5 comenzará este viernes un debate unificado con 19 acusados.

Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner afrontarán desde este viernes el juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, dos expedientes que la Justicia decidió finalmente analizar en un único debate y que tienen como eje una acusación por presunto lavado de activos a través de hoteles, propiedades y contratos de alquiler de la familia.

La primera audiencia comenzará a las 10 en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py. El Tribunal Oral Federal N°5 autorizó excepcionalmente a Cristina y Máximo Kirchner a participar de manera virtual durante esa jornada, en la que comenzarán a leerse los requerimientos de elevación a juicio y las imputaciones. La autorización remota alcanza, en principio, sólo a la audiencia inicial.

Será el primer juicio oral de Máximo Kirchner. Para la expresidenta será un nuevo proceso judicial mientras cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua dictada en la causa Vialidad y mientras continúa, además, el juicio por la causa Cuadernos.

Los jueces deberán determinar si los ingresos que recibió la familia mediante Hotesur SA y Los Sauces SA correspondieron a negocios genuinos o si, como sostiene la acusación, esas sociedades integraron un mecanismo destinado a darle apariencia lícita a dinero proveniente de delitos vinculados con la obra pública y otros beneficios estatales.

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Dos causas, una misma hipótesis

Durante años, Hotesur y Los Sauces avanzaron como expedientes diferentes, aunque compartían imputados, sociedades, empresarios y parte de la prueba. En septiembre, el propio TOF N°5 había resuelto separarlos nuevamente: Los Sauces debía comenzar el 23 de octubre de 2026 y Hotesur recién el 19 de marzo de 2027.

La fiscalía y la Unidad de Información Financiera cuestionaron esa decisión. El fiscal Diego Velasco sostuvo que la división fragmentaba maniobras “entrelazadas” e impedía evaluar de forma integral movimientos que, según la acusación, compartían origen, beneficiarios y finalidad.

Finalmente, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el desdoblamiento. Por mayoría, los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña ordenaron que ambos expedientes sean juzgados juntos desde este viernes. Alejandro Slokar votó en disidencia.

La decisión resultó central para la estrategia del Ministerio Público: en lugar de discutir por separado hoteles y alquileres, la acusación podrá exponerlos como partes de un mismo supuesto circuito financiero.

Para la expresidenta será un nuevo proceso judicial mientras cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua dictada en la causa Vialidad.

De la obra pública a los negocios familiares

La hipótesis fiscal parte de una premisa. Empresas de Lázaro Báez, y en el caso de Los Sauces también compañías vinculadas a Cristóbal López y Fabián De Sousa, habrían recibido beneficios económicos derivados de decisiones estatales durante los gobiernos kirchneristas.

Una parte de esos fondos habría regresado posteriormente al patrimonio familiar mediante contratos hoteleros e inmobiliarios presentados como operaciones comerciales regulares.

Los fiscales describieron ese mecanismo como una forma de canalizar hacia la familia dinero que presuntamente provenía de delitos previos, otorgándole “apariencia” de actividad lícita mediante alquileres, administración hotelera y otras operaciones.

Eso es precisamente lo que deberá probarse durante el juicio. La existencia de contratos, facturas o movimientos bancarios no está discutida en términos generales. El conflicto pasa por establecer si esos negocios tuvieron una causa económica real o si fueron utilizados para encubrir pagos indebidos, como plantea la fiscalía.

La defensa de los Kirchner sostiene lo contrario: argumenta que fueron operaciones legales, facturadas, declaradas y realizadas a través del sistema bancario.

Lázaro Báez, empresario santacruceño. 

Hotesur: el circuito de los hoteles

La causa Hotesur tiene como eje principalmente los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, en Santa Cruz. La fiscalía sostiene que la familia Kirchner adquirió esos establecimientos y posteriormente cedió su administración a Valle Mitre, una sociedad vinculada con el Grupo Báez.

Según el requerimiento de elevación a juicio, compañías del conglomerado empresario transferían recursos a Valle Mitre mediante distintos conceptos: alojamiento, utilización de salones, consultorías, marketing y proyectos turísticos. Después, Valle Mitre afrontaba gastos y pagaba cánones por la explotación de los hoteles de la familia.

La acusación cuestionó parte de esos contratos. Entre otras situaciones, señaló reservas de habitaciones destinadas supuestamente a trabajadores vinculados con obras que estaban ubicadas a cientos de kilómetros de El Calafate.

De acuerdo con la reconstrucción incluida en la causa, Valle Mitre recibió $75,87 millones de empresas de Báez entre 2007 y 2015, a valores nominales de aquellos años. Austral Construcciones explicó alrededor de $70,95 millones, el 93,53% de ese total. Los fiscales sostienen que después una porción de ese dinero regresó hacia las sociedades de la familia bajo la forma de cánones hoteleros.

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Las cifras que serán discutidas durante el juicio incluyen distintos establecimientos. Según la acusación, Valle Mitre pagó aproximadamente $28,6 millones a Hotesur por la cesión y explotación del Alto Calafate entre 2008 y 2013.

A eso se sumaron alrededor de $6,9 millones por Las Dunas y otros $2,8 millones vinculados con La Aldea del Chaltén, perteneciente a Los Sauces. La fiscalía también comparó los resultados económicos de Hotesur antes y después de la llegada de Valle Mitre.

En 2008 la sociedad había declarado una ganancia anual cercana a los $470 mil. Posteriormente comenzó a recibir cánones mensuales que rondaban el medio millón de pesos de entonces por la explotación del establecimiento. Esos movimientos formarán parte de la prueba que deberá ser evaluada por el tribunal.

En el caso de Cristina Kirchner, la fiscalía sostiene que participó como accionista y beneficiaria de las sociedades y que intervino o prestó conformidad en distintas operaciones patrimoniales.

Los Sauces: alquileres y propiedades

La segunda pata está concentrada en Los Sauces SA, constituida en 2006. A diferencia de Hotesur, aquí la investigación se enfoca principalmente en contratos de alquiler de inmuebles pertenecientes a la familia.

Entre los inquilinos aparecen compañías relacionadas con Báez y con el Grupo Indalo, de López y De Sousa. Las propiedades estaban ubicadas, entre otros lugares, en Río Gallegos, El Calafate, El Chaltén y la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los casos mencionados en el expediente es un dúplex del edificio Madero Center, en Puerto Madero, utilizado por empresas vinculadas al Grupo Indalo. La acusación sostiene que parte de esos contratos habrían funcionado como vehículos para ingresar al patrimonio familiar pagos que, en realidad, no respondían a una relación locativa convencional. 

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Qué le atribuyen a Cristina Kirchner

En el caso de Cristina Kirchner, la fiscalía sostiene que participó como accionista y beneficiaria de las sociedades y que intervino o prestó conformidad en distintas operaciones patrimoniales.

En Hotesur, la acusación menciona compras de hoteles financiadas mediante ventas de inmuebles, préstamos de compañías de Báez y créditos bancarios. También le atribuye haber aprobado balances, autoridades societarias y la continuidad de la relación comercial con Valle Mitre. Los investigadores señalaron además retiros de fondos de Hotesur por unos $4,87 millones, bajo figuras contables de créditos o cuentas particulares de socios.

En Los Sauces, la imputación se vincula con su condición de accionista y beneficiaria de la sociedad que recibió pagos por alquileres de empresas relacionadas con Báez, López y De Sousa. La acusación la ubica como presunta jefa de una asociación ilícita.

La situación de Máximo Kirchner tiene una particularidad: será la primera vez que enfrente personalmente un juicio oral por una causa de presunta corrupción. Los fiscales sostienen que tuvo una intervención activa en las sociedades familiares. Le atribuyen participación en adquisiciones inmobiliarias, contratos, aprobación de balances, designación de autoridades y administración de bienes.

También señalan que actuó mediante poderes otorgados por sus padres y que, después de la muerte de Néstor Kirchner, intervino en la sucesión y en la continuidad de determinados vínculos comerciales.

En Hotesur aparecen retiros de aproximadamente $2,44 millones, también registrados bajo la modalidad de créditos. La investigación menciona además cheques emitidos por Valle Mitre que fueron depositados en cuentas vinculadas con la sucesión de Néstor Kirchner y con Los Sauces.

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