Cristina y Máximo Kirchner, rumbo al juicio por Hotesur-Los Sauces: la audiencia que puede encaminar el cronograma
Pamela Orellana


El Tribunal Oral Federal 5 convocó para el viernes 4 de septiembre, a las 10, a las partes de la causa Hotesur-Los Sauces, en un paso previo a la definición de la fecha del juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez y el resto de los acusados.
La convocatoria no es una citación a indagatoria de la expresidenta y su hijo. Se trata de una audiencia preliminar destinada a organizar el debate, ordenar las pruebas admitidas, definir la nómina de testigos y estimar la duración y frecuencia de las jornadas.
El TOF 5 está integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. La presencia personal de los imputados no es obligatoria, aunque tienen derecho a participar. Sí fueron citadas las defensas, el Ministerio Público Fiscal y la querella ejercida por la Unidad de Información Financiera.

Una audiencia para ordenar la prueba
La instancia del 4 de septiembre permitirá que las partes discutan cómo será incorporada la documentación reunida durante la investigación, qué testigos deberán declarar y qué medidas pendientes resultan necesarias antes de comenzar el juicio.
También deberán definirse las piezas procesales que se incorporarán por lectura, la actualización de antecedentes y estudios socioambientales de los acusados y la documentación requerida a otros juzgados por expedientes relacionados.
Uno de los principales puntos de discusión será el momento en que puede comenzar el debate. El tribunal sostuvo que no corresponde abrir el juicio sin contar con la totalidad de las pericias ordenadas. El fiscal general Diego Velasco impugnó esa postura y pidió avanzar con un cronograma, bajo el argumento de que la instrucción suplementaria se encuentra prácticamente terminada y que los informes restantes podrían incorporarse durante las audiencias.
Por esa razón, la reunión podrá dejar encaminada la organización, pero no garantiza que ese mismo día se anuncie cuándo comenzará el proceso. La resolución dependerá del estado de las medidas contables y de lo que planteen las partes.
La pericia que mantiene abierto el calendario
El informe pendiente está a cargo del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública, perteneciente a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema.
Los especialistas deben comparar los contratos celebrados para la explotación del hotel Los Sauces con los acuerdos firmados por Hotesur S.A. respecto del Alto Calafate y Las Dunas. El objetivo es determinar si los cánones locativos pactados se correspondían con las condiciones del mercado y con la actividad desarrollada por los establecimientos.

El estudio incluye la cantidad de habitaciones, los niveles de ocupación anual, el valor promedio en dólares, los servicios facturados, el personal permanente y temporario, las diferencias entre temporadas y los principales clientes. También deberá revisar los balances del período 2009-2013, la evolución de las utilidades y la relación entre ventas, disponibilidades y resultados contables.
A pedido de la defensa de Lázaro Báez, se incorporó el análisis de los contratos entre Valle Mitre y Hotesur. La pesquisa también comprende el proyecto turístico presentado por Leandro Báez y deberá precisar si Romina Mercado y Patricio Pereyra Arandia cobraron remuneraciones por sus funciones en el directorio de la empresa hotelera.
Entre las pruebas admitidas aparecen, además, pedidos de información a bancos y transportadoras de caudales sobre movimientos de dinero, junto con registros de consumos, servicios públicos y tasas municipales de las propiedades investigadas en El Calafate.
Las acusaciones y los embargos
Las causas acumuladas investigan si las sociedades Hotesur y Los Sauces fueron utilizadas para incorporar al patrimonio familiar fondos presuntamente provenientes de contratistas del Estado mediante alquileres inmobiliarios, explotación hotelera y contratación de habitaciones.
De acuerdo con la acusación, Báez habría aportado dinero a través del gerenciamiento de Valle Mitre y de operaciones hoteleras que deben ser examinadas durante el debate. En el tramo de Los Sauces también aparecen contratos con empresas vinculadas a Cristóbal López. Estas hipótesis todavía deben ser probadas y discutidas en el juicio.
Cristina y Máximo Kirchner llegarán al proceso junto con Lázaro y Martín Báez, Víctor Manzanares, Osvaldo Sanfelice, Romina Mercado, Patricio Pereyra Arandia, Ricardo Albornoz y otros empresarios, contadores, escribanos y exdirectivos. Las imputaciones comprenden, según la situación de cada acusado, presunto lavado de activos, asociación ilícita y dádivas.

Florencia Kirchner no integrará el juicio. La Cámara Federal de Casación Penal mantuvo en 2023 su sobreseimiento al analizar su edad y su incorporación posterior a las sociedades investigadas. En esa misma resolución, el tribunal ordenó que el proceso continuara respecto de los demás imputados y que se produjeran las medidas pendientes antes del debate. El fallo completo está disponible en el Centro de Información Judicial.
La causa también mantiene embargos preventivos actualizados. La medida alcanza los $492,5 millones para Cristina Kirchner y los $582 millones para Máximo Kirchner. Sobre la inmobiliaria Los Sauces pesa una cautelar superior a los $3.013 millones. Estas cifras funcionan como garantía patrimonial y no equivalen a una condena ni deben confundirse con los decomisos dispuestos en otros expedientes.
El próximo paso concreto será la audiencia del 4 de septiembre. Una vez ordenadas las pruebas y finalizada la pericia contable, el TOF 5 quedará en condiciones de establecer el cronograma del juicio oral.

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